Quien reparte la torta...
No es necesario ser un experto en economía ni un doctor en políticas públicas para saber que la manera en que se elabora cada año el presupuesto general de la Nación no es el proceso ideal. Esta ley madre favorece a un minoritario sector de la población (altas autoridades y funcionarios estatales) y apenas atiende las necesidades básicas de la gran mayoría de nuestra gente.
La cruda realidad nos señala que somos un país atrasado, que uno de cada tres habitantes está bajo la línea de pobreza, que 4 de cada 10 niños no culminan sus estudios básicos, que 6 de cada 10 trabajadores ni siquiera ganan el sueldo mínimo, etc. Entonces, esta es la preocupante realidad que nuestras autoridades deben afrontar al momento de distribuir los recursos ecoEn nómicos que posee el Estado.
Sin embargo, por defectos estructurales que se arrastran desde hace décadas, las grandes batallas que se libran anualmente en los meses de elaboración del presupuesto responden al debate de cuánto más deberían ganar los funcionarios públicos, incluyendo a los ministros de la Corte Suprema de Justicia.
Así tenemos manifestaciones, marchas, huelgas y otros actos extorsivos para que los funcionarios de las distintas instituciones públicas tengan aumentos salariales y mayores fondos para insumos e inversiones. Por supuesto que, si solo miramos el país desde el punto de vista de las necesidades de los ministerios y entes autárquicos, todos tienen razones válidas para pedir aumentos presupuestarios. Para cumplir mejor sus objetivos, cada ente público necesita más recursos, pero aquí no radica la esencia del problema.
El karaku de la cuestión apunta a que, para impulsar un proceso de superación de la pobreza, se necesitan dos factores fundamentales: educación y trabajo digno.
No hay forma de ir reduciendo los niveles de pobreza si nuestros niños y adolescentes no concluyen sus estudios básicos. Un joven que ni siquiera terminó el bachillerato, ¿a qué trabajo digno y bien remunerado puede acceder? En un mundo cada vez más exigente en cuanto a dominio de las nuevas tecnologías, abierto a las innovaciones y al emprendedurismo, los jóvenes semianalfabetos simplemente no tienen lugar. Millones de chicos y chicas que no estudiaron, casi por inercia van a la informalidad, a la marginalidad y muchos de ellos se encuentran embretados hacia la delincuencia por sí mismos o por grupos mafiosos.
La otra gran herramienta es crear fuentes de trabajo lícito; los organismos del Estado deberían facilitar y alentar la creación de toda clase de empresas pequeñas, medianas y grandes para que la gente de escasos recursos pueda trabajar y ganarse el pan diario honestamente.
Perdemos días y semanas en tensas negociaciones para determinar cuánto aumentamos los sueldos de funcionarios públicos. No hay tiempo ni recursos para analizar cómo retenemos a niños y adolescentes dentro del sistema educativo y tampoco se discute cómo incentivar la creación de puestos de trabajo para la gente necesitada.
Mientras se mantenga el sistema actual de elaboración del presupuesto, seguiremos como furgón de cola en el tren de naciones pobres y “emergentes”.