Justicia al mejor postor
La venta de sentencias y resoluciones judiciales para liberar a pesos pesados del crimen organizado es una práctica impune en Departamento Amambay. Aquellos que tienen dinero pueden obtener medidas judiciales, como levantamiento de órdenes de captura “a medida” en la zona.
En setiembre del año 2017 el entonces juez de Capitán Bado, Leonjino Benítez, en forma silenciosa, sin siquiera comunicar al fiscal de la causa, firmó una resolución por la cual liberaba de la cárcel al narco badeño Felipe “Barón” Escurra, quien fuera detenido por la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) tras un enfrentamiento a tiros en su búnker, ubicado a unos kilómetros del microcentro badeño. El juez Benítez culpó en aquel entonces al fiscal de la causa y hasta dijo desconocer que Escurra posee órdenes de captura en el Brasil por narcotráfico.
Tras su liberación –que según fuentes del submundo de la mafia fronteriza le costó una fuerte suma de dinero– el narco badeño logró, gracias a otro pago, ser escoltado hasta su residencia nada más y nada menos que por el propio jefe del Destacamento Militar Nº 2, dependiente de la Cuarta División de Infantería, mayor Roberto Díaz.
Todo fue maquiavélicamente orquestado. Tanto el juez Leonjino Benítez como “Barón” Escurra pensaron que todo quedaría en el folclórico oparei (impune). Sin embargo, la prensa descubrió el hecho y tras una serie de publicaciones el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) resolvió la expulsión del Poder Judicial del nefasto juez de Capitán Bado.
La semana pasada ocurrió un hecho casi calcado al de “Barón” Escurra. El flamante juez Marcos Manuel Fernández Arce, quien asumió el cargo tras la destitución de Leonjino Benítez, levantó una orden de captura del archiconocido narco badeño Gerardo Ramón Sánchez Gómez, alias Kela’i.
Este poseía una orden de captura en un hecho de homicidio en el que fue acusado de ser quien contrató a los sicarios para asesinar a un ganadero brasileño en pleno centro de Capitán Bado y por un caso de lavado de dinero y trasgresión a la ley de arma. El juez Fernández Arce “no sabía” que el narco badeño también poseía órdenes de arresto vigente hasta el año 2031 en el lado brasileño por tráfico de drogas y armas en territorio del vecino país.
Así como Benítez, su sucesor el juez Marcos Manuel Fernández Arce también le culpó a un fiscal (Hernán Mendoza) de no hacer su trabajo y, en forma irónica, indicó que no sabía de la existencia de una orden de captura de Kela’i en el lado brasileño. Estaba lidiando con uno de los narcos más conocidos de la frontera, por lo que le hubiera bastado levantar el teléfono y consultar a las autoridades brasileñas para conocer sus antecedentes antes de liberarlo.
Los habitantes de esta zona del país ya perdieron la confianza en los administradores de la justicia asignados en esta frontera. Nadie cree en la versión del juez Fernández Arce ni en lo dicho por el fiscal Mendoza. Al tomar estado público la decisión del magistrado de levantar la orden de captura del narco, surgieron las sospechas de que ambos, el juez y el fiscal, “cocinaron” el caso a cambio de fuertes sumas de dinero.
No en vano el ministro de la Senad, Arnaldo Giuzzio, cuando era fiscal calificó al Palacio de Justicia de Pedro Juan Caballero como un restaurante de nivel internacional, en donde los mejores chefs cocinan las sentencias judiciales al mejor postor, liberando de culpa y pena a quienes deberían estar tras las rejas en una sociedad que se precia de civilizada.
Luego de las publicaciones de la prensa y las acusaciones mutuas entre el juez Fernández Arce y el fiscal Mendoza, el JEM solicitó la carpeta del caso Kela’i para investigar la actuación del magistrado.
Posiblemente el JEM estudie al juez Fernández Arce y sea destituido, pero mientras se espera la resolución muchos fiscales y hasta asistentes fiscales se estarán estrujando las manos ante la posibilidad de obtener el nombramiento apetecible en el cargo de “juez de frontera”, donde los narcos están dispuestos a pagar millonarias sumas de dinero por medidas judiciales a la carta para lograr impunidad.