Hay US$ 128 millones para excelencia de educación e investigación sin usar
La Contraloría solicitó al Ministerio de Hacienda sancionar a las entidades del Estado y sus autoridades encargadas de ejecutar el Fondo para Excelencia de la Educación y la Investigación. Hay unos US$ 128 millones ociosos en la cuenta del Tesoro, que se deberían usar en beneficio de la comunidad.
En el informe entregado el 30 de setiembre pasado por el contralor general, Camilo Benítez Aldana al ministro de Hacienda, Benigno López, sobre el uso del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) y el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación, correspondiente al primer semestre del ejercicio fiscal 2019, por un lado se destacó el dinero que ya se entregó a las municipalidades y gobernaciones y por el otro, los US$ 128 millones inactivos en la Cuenta del Tesoro y que se debieron destinar para la Excelencia de la Educación y la Investigación.
“Un hecho incomprensible que a la Contraloría le llama la atención es la falta de ejecución de los recursos por varios organismos y entidades del Estado, dejándolos ocioso en cuentas bancarias mientras las urgentes necesidades de la población local retrasan el desarrollo de sus comunidades. Además, el órgano contralor detectó que hay instituciones que ni siquiera llegaron a ejecutar el 50 pro ciento del monto transferido en concepto de Fonacide”, manifestó el contralor general.
Perjuicio grave
“La falta de uso de este recurso, lejos de ser un acto inocuo o un ahorro, representa un grave perjuicio a la comunidad si es considerado desde el punto de vista de los beneficios no recibidos por la población afectada. El Ministerio de Hacienda debería aplicar severas y ejemplares sanciones a los administradores que tuvieron este comportamiento tan lesivo para las comunidades que dicen servir diligentemente”, apuntó Benítez Aldana.
Resaltó que a más de 6 años de la implementación del Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación, hasta el 30 de junio de 2019 recibió más de US$ 637 millones, de los cuales US$ 128.782.000 se encuentran inactivos y sin generar beneficios para nadie, depositados en la Cuenta del Tesoro.
Para demostrar la magnitud del perjuicio, el contralor apuntó que si a los US$ 128 millones se les hubiera aplicado la tasa interbancaria de interés, hubiera generado la suma de G. 44.066 millones o sea unos US$ 6.899.000. “Este cálculo, si bien constituye una mera especulación teórica –pues es sabido que los depósitos en cuenta corriente, también en teoría, no generan intereses– fue realizado solo para dar una idea de lo mucho que se ha perdido por la desidia a algunas autoridades”, enfatizó.
Municipalidades
De las 255 municipalidades existentes en el país, 233 presentaron rendición de cuentas a la Contraloría y 39 municipios no lo hicieron. Entres estos últimos están Azotey, Belén, San Carlos del Apa, Sargento José Félix López, Arroyito, Nueva Germania, San Pablo, San Pedro del Ycuamandyyú, Yataity del Norte, Valenzuela, Borja, Capitán Mauricio José Troche, Independencia, Iturbe, Raúl Arsenio Oviedo, San Joaquín, 3 de Mayo, General Artigas, Jesús de Tavarengue, Mayor Otaño, Nueva Alborada, San Juan del Pa
raná, Santiago, Quyquyhó, Cerrito, General Eduvigis Díaz, Humaitá, Mayor José de Jesús Martínez, Paso de Patria, Pilar, San Juan Bautista del Ñeembucú, Bella Vista Norte, Francisco Caballero Alvarez, La Paloma del Espíritu Santo, Ypejhú, Maracaná, Teniente 1° Menuel Irala Fernández, Bahía Negra y Fuerte Olimpo.
El incumplimiento de la presentación del informe sobre el uso de los cuantiosos recursos del Fonacide recibidos por los intendentes municipales y gobernadores, es la unidad de medida con la que la ciudadanía, y en especial los electores, pueden medir, no solo la transparencia con que los funcionarios públicos manejan los recursos puestos a su disposición, sino también el interés que ellos ponen en el mejoramiento de la educación de los niños y jóvenes de sus respectiva comunidades, refiere el informe.
Total de recursos
El total de recursos provenientes del Fonacide transferido por el Ministerio de Hacienda desde el 2013 al 30 de junio de 2019, es de G. 2. 914.156.975.287, de los cuales G. 622.289.933.429 fue para las gobernaciones y G. 2.291.867.041.858 a los municipios.
De las comunas y gobernaciones favorecidas, de acuerdo a la evaluación de la calidad de su administración realizada por la Contraloría General, el 98, 5 por ciento presentó un nivel deficiente e inicial, que se consideran muy por debajo de lo deseado para una buena gobernanza.
Esta situación se ve reflejada de alguna manera, en la calidad del gasto realizado por los municipios y organismos ejecutores del fondo, ya que a pesar de una mayor apertura al control de la instituciones involucradas, todavía se observa la incorrecta ejecución de los recursos del Fonacide.
Si bien algunos casos pueden ser atribuibles al desconocimiento de los ejecutores con respecto a la ley (que no los exime de responsabilidad), en otros se detectaron indicios de conducta dolosa, por lo que estos casos fueron reportados a la fiscalía.
El perjuicio con respecto al mal uso de dinero de Fonacide que fue remitido a la Fiscalía trepa a G. 16.091 millones, de los cuales 15.141 millones se detectaron en los municipios y G. 949 millones en las gobernaciones.