EDITORIAL

Deficiente control interno favorece el robo en instituciones públicas. La Ley N° 1.539/99 creó un Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), interno y externo, para que en las entidades públicas haya mecanismos de supervisión, evaluación y control de gestión. El control interno previo compete a los responsables de la administración y el posterior a la Auditoría Interna institucional y a la general del Poder Ejecutivo, mientras que el control externo está a cargo de la Contraloría General de la República. En noviembre de 2008, el decreto reglamentario adoptó el Modelo Estándar de Control Interno para las entidades públicas del Paraguay (MECIP), elaborado por la Contraloría, que fue modificado en 2015. En mayo último, este organismo empezó a evaluar “el grado de madurez” del sistema de control interno (SCI), “primera línea de defensa de la protección de los bienes y el patrimonio público”. Se propuso detectar varios aspectos. Y bien, los resultados de la bienintencionada evaluación, conocidos en agosto, fueron desastrosos. En suma, el 70% de las más de 300 entidades públicas evaluadas se aplazó.

La Ley N° 1.539/99 creó un Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), interno y externo, para que en las entidades públicas haya mecanismos de supervisión, evaluación y control de gestión. El control interno previo compete a los responsables de la administración y el posterior a la Auditoría Interna institucional y a la General del Poder Ejecutivo; el control externo está a cargo de la Contraloría General de la República. En noviembre de 2008, el decreto reglamentario adoptó el Modelo Estándar de Control Interno para las entidades públicas del Paraguay (MECIP), elaborado por la Contraloría, que fue modificado en 2015. En mayo último, este organismo empezó a evaluar “el grado de madurez” del sistema de control interno (SCI), “primera línea de defensa en la protección de los bienes y el patrimonio público”. Quiso detectar el nivel de conocimiento y compromiso de los jerarcas con dicho sistema, así como alentarles a basar su liderazgo en la idoneidad y a promover la capacitación del personal. Otro aspecto “fundamental” del SCI, según la Contraloría, es “el cambio de mentalidad y paradigma de los servidores públicos, abandonando las malas prácticas y costumbres, y asumiendo valores y actitudes necesarios para la mejor atención al ciudadano”. Y bien, los resultados de la bienintencionada evaluación, conocidos en agosto, fueron desastrosos, pero nada sorprendentes para quien tenga alguna idea de cómo funciona el aparato estatal. En suma, el 70% de las más de 300 entidades públicas evaluadas se aplazó. Es más, muchas de ellas ni siquiera habían empezado a aplicar el SCI, lo que les valió la calificación de 0, que correspondería a un “nivel de madurez deficiente”, en cada uno de los cinco aspectos del control internos examinados.

Entre las que no han hecho nada o muy poco para aplicar lo que ordena la ley reglamentada hace once años figura un par de empresas estatales. Una de ellas es Petróleos Paraguayos (Petropar), cuya máxima autoridad –hoy Patricia Samudio– y su equipo directivo no habrían demostrado liderazgo ni compromiso con la incorporación y efectiva aplicación del SCI. Tampoco lo habrían demostrado los jerarcas de Ferrocarriles del Paraguay SA (Fepasa), Cañas Paraguayas SA (Capasa) y Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay SA (Essap).

Valga el dato de que Petropar, que había recibido un 0 en el SCI consolidado, logró al final un puntaje de 1,9, sobre 5, tras haber presentado a destiempo los documentos pedidos por la Contraloría, cuyo sistema de evaluación “nadie entiende bien”, según la presidenta de la empresa. La ciudadanía, que bien sabe de la corrupción allí imperante desde siempre, recordará la fiesta celebrada en su planta alcoholera de Mauricio José Troche, el último Día del Niño, con la actuación de modelos y artistas mediáticos que viajaron en un avión contratado por la petrolera. Ahora se supo que la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) adjudicó, por unos 3 millones de dólares, la reparación de la pista del Aeropuerto Silvio Pettirossi a una empresa que no podrá proveer el sellado especial que el pliego de bases y condiciones exigía para el asfalto. Se comprende así que en la evaluación de la Contraloría haya obtenido una nota de 1,5, es decir, que también ella se haya aplazado.

El tremendo déficit en cuanto al SCI tiene que ver, además, con la transparencia, considerando una de las normas del MECIP (2015), concordante con el art. 8° de la Ley N° 5.282/14, que dice cuanto sigue: “La institución debe desarrollar e implementar uno o más procedimientos para mantener informada a la sociedad sobre los proyectos a emprender, el uso de los recursos que le fueron confiados, el rendimiento de su gestión y los resultados logrados en términos del cumplimento de los objetivos institucionales, y su contribución a la finalidad social del Estado”. Debe entenderse, pues, que las entidades públicas aplazadas no mantienen informada a la sociedad sobre lo transcrito y que, por tanto, tienen mayores posibilidades de malgastar o malversar el dinero de todos. No rinden cuentas a nadie, como si fueran entidades privadas que solo se deben a sus socios o accionistas particulares.

Por cierto, tan deficiente es la aplicación del SCI en la administración pública, que la propia Contraloría se calificó a sí misma con solo 2,5%. “¿Cómo puede ser que nosotros no tengamos 5, que somos la institución que establece estas normas?”, se preguntó su jefe, Camilo Benítez Aldana. La respuesta podría ser que también ese organismo está inserto en un aparato estatal donde reinan “las malas prácticas y costumbres”, o sea, donde se ignoran “valores y actitudes necesarios para la mejor atención al ciudadano”. La caridad empieza por casa, de modo que también en la Contraloría, que hasta hace poco tuvo al frente a Enrique García, y como directora de Declaraciones Juradas a Analy Rossana Valiente , la esposa del exsenador liberal Dionisio Amarilla, debe haber un “cambio de mentalidad y paradigma”.

La evaluación comentada es una buena radiografía, que ilustra que las leyes en este país no tienen vigencia efectiva cuando apuntan al control y a la transparencia de la función pública. Quienes dirigen los organismos y empresas del Estado creen que son sus propietarios y que, en consecuencia, deben aprovechar la ocasión para ejercer la arbitrariedad y obtener algún beneficio personal. Debe ponerse fin a este espantoso latrocinio.