Diputados se convirtio en camara de la verguenza
AGUANTADERO DE NEFASTAS POSTURAS A FAVOR DE LA CORRUPCIÓN
La semana pasada salvaron de la pérdida de investidura a Portillo, Rivas y Ulises Quintana
Ya es tradición que protejan a intendentes y gobernadores vaciadores de arcas públicas
Lograron blindar matufias y evitar transparencia en el caso de declaraciones juradas
Varios comercios declararon personas no gratas a los acusados y empezaron los escraches
Con el blanqueo a Carlos Portillo, Tomas Rivas y Ulises Quintana, Diputados se corona como la “Cámara de la Vergüenza”. Sin temor a la ciudadanía también ha salvado a intendentes acusados de corrupción; impidió la transparencia de sus bienes; protegió el sistema de chicanas y avaló el desfalco interno para aumentar sus operadores.
El 9 de octubre, la mayoría en Diputados salvó de la expulsión a Carlos Portillo (PLRA, efrainista), Tomás Rivas (ANR, cartista) y Ulises Quintana (ANR, Añetete). El primero fue grabado pidiendo coima para conseguir sentencias judiciales; el segundo usaba fondos públicos para pagar salarios de empleados particulares, y el tercero es acusado de financiar su campaña con dinero narco. (Ver el cuadro).
Esto se debe a que la Cámara de Diputados no tiene miedo de la ciudadanía. A lo largo del año y pese a los ruegos de ciudadanos de todo el país, los legisladores han blanqueado a numerosos intendentes acusados de corrupción y lavadores de dinero narco, gracias a un pacto de impunidad entre cartistas, abdistas y llanistas.
A esto se suma el total despilfarro presupuestario en operadores. Recientemente decidieron blanquear el desfalco financiero de G. 2.000 millones que produjo la presidencia interna del imputado Miguel Cuevas (Añetete), quien repartió cupos para sí mismo y los diputados que ahora lo protegen.
Esta Cámara tampoco tuvo reparos en poner todo tipo de obstáculos a la denominada ley “antichicanas” ya que todos los procesados usan estos incidentes para salvarse de la Justicia.
La ciudadanía tampoco debe olvidar que los diputados lograron cercenar la transparencia de la “ley de declaraciones juradas de bienes” para que la información sobre sus bienes siga “protegida” salvo que exista “orden judicial”.