Bareiro solicita que el pleno defina acceso a información
La ministra Gladys Bareiro de Módica, de la Sala Constitucional, solicitó ayer que el pleno de la Corte Suprema de Justicia sea el que resuelva una acción de inconstitucionalidad que planteó la Contraloría General de la República contra las resoluciones de primera y de segunda instancias que permiten que un ciudadano acceda a las declaraciones juradas de bienes y rentas de funcionarios públicos.
Hace un mes que la ministra Bareiro de Módica tiene en su poder la acción de inconstitucionalidad que planteó la Contraloría, pero recién ayer solicitó que la Sala Constitucional se amplíe con nueve ministros quienes serán los encargados de votar en la acción.
Ante la inhibición del ministro Antonio Fretes, le reemplazó su colega y actual presidente de Corte Eugenio Jiménez Rolón, para integrar la Sala Constitucional. De esta manera, la sala quedó conformada con los ministros Bareiro de Módica, Miryam Peña y Jiménez Rolón. Sin embargo, con el pedido de ampliación de la Sala Constitucional, se deberá integrar con los demás ministros de Corte que no estén inhibidos o recusados, estando ya, de entrada, excluido Fretes.
Dictamen favorable
La fiscala adjunta Gilda Villalba Tottil, en representación de la Fiscalía General del Estado, había dictaminado por el rechazo de la inconstitucionalidad que promovió el excontralor José Enrique García, quien se opuso a entregar las declaraciones juradas de funcionarios públicos.
La acción de inconstitucionalidad fue promovida contra las sentencias que favorecieron al periodista Juan Carlos Lezcano, quien por medio de un amparo constitucional había obligado a la Contraloría a entregar las declaraciones juradas de bienes y rentas de altos funcionarios, entre los años 1998 y 2017.
El 8 de mayo de 2018, el juez penal de garantías Rubén Darío Riquelme hizo lugar al amparo de Lezcano contra la Contraloría. quien reiteradamente se negó a entregar la información pública.
El Tribunal de Apelaciones, Primera Sala de la capital, ratificó el fallo el 7 de junio del año pasado, resolución considerada histórica.
García promovió la acción de inconstitucionalidad el 4 de julio de 2018.