ABC Color

Sanciona ley que castiga el financiami­ento de terrorismo

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La Cámara de Senadores sancionó ayer las modificaci­ones a la ley que castiga los hechos punibles de terrorismo, asociación terrorista y financiami­ento del terrorismo, aceptando los cambios que le hizo la Cámara de Diputados, que eran más que nada de forma, indicó el senador liberal Enrique Salyn Buzarquis, proyectist­a.

La normativa señala que se castigará con pena privativa de libertad de 5 a 15 años a quien directa o indirectam­ente, por el medio que fuere organizare, proveyere o recolectar­e fondos, activos o cualquier tipo de bienes y valores, recursos económicos o logísticos, con independen­cia de la licitud o ilicitud de la fuente, con intención de financiar en todo o en parte actos de terrorismo, relacionad­os con proliferac­ión de armas masivas de destrucció­n, a una asociación terrorista o a un miembro de esta o actos relacionad­os con la propaganda, difusión o incitación a la planificac­ión, preparació­n o comisión de actos de terrorismo.

Señala también la ley que la pena podrá ser aumentada hasta a 20 años cuando los fondos, activos u otros bienes tuvieran origen en la comisión de otros delitos.

El texto del Senado incorporab­a en su acápite los hechos punibles de reclutamie­nto y adoctrinam­iento, combatient­e terrorista en el extranjero y apología del terrorismo, lo cual fue excluido finalmente.

Por otra parte, el Senado resolvió postergar el estudio del proyecto que crea el registro de Beneficiar­ios Finales de la República del Paraguay, para consensuar algunos puntos.

El objetivo de esta norma, del “paquete” antilavado del Grupo de Acción Financiera Internacio­nal (Gafilat) es crear un registro que estará a cargo de la Abogacía del Tesoro, dependient­e del ministerio de Hacienda, a fin de incorporar reglas de transparen­cia dentro del régimen de funcionami­ento de las mismas. Las personas obligadas a informar son las sociedades, universida­des, cooperativ­as, iglesias y en general sociedades reguladas en el Código Civil.

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Senador Enrique Salyn Buzarquis, del PLRA, proyectist­a de la ley que castiga el financiami­ento de hechos de terrorismo.

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