ABC Color

Maniobran para trabar inicio de nuevo juicio por tráfico de armas de guerra

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Con incidentes dilatorios, los acusados por tráfico de armas de guerra buscan atrasar el inicio de un juicio oral. En mayo de 2020 se extingue el caso. Un primer juicio ya se logró truncar. En nuestro país, ni en la región no hay condena judicial por el grave hecho. El caso comenzó en marzo de 2016.

Con un allanamien­to realizado el 9 de marzo de 2016, por agentes del Ministerio Público y de la Senad, en una vivienda ubicada en las calles J.B. Rivarola Matto y Sergio Conradi del barrio Villa Aurelia, Asunción, comenzó la investigac­ión. En el lugar se encontraro­n evidencias de tráfico de armas y otros, que motivaron la imputación y posterior acusación de Carlos Federico León Ocampos, Víctor Hugo Ferreira. Eduardo Ramírez Cantero y Alfredo Ramón Sánchez Moreno.

El 8 de mayo de 2018, luego de varias chicanas, se pudo elevar el caso a juicio oral y público con relación a Ferreira Olmedo y Sánchez Moreno. Luego, el 6 de noviembre del mismo año, se dispuso que León Ocampos y Ramírez Cantero también se sienten en el banquillo de los acusados.

El 30 de mayo pasado, se inicio el juicio oral por el Tribunal de Sentencia presidido por el juez Wilfrido Peralta e integrado por sus colegas Fabián Escobar y Sandra Farías. El juicio se realizó en forma muy pausada (ver infografía) e incluso se pasaron los 10 días establecid­os por ley para el reinicio del mismo, lo que obliga a hacer una nueva audiencia pública.

El 14 de agosto pasado, el nuevo Tribunal de Sentencia, presidido por la jueza Alba González y conformado por Gloria Hermosa y Mesalina Fernández, intentó iniciar el juicio a los cuatro acusados. Sin embargo, la diligencia se trabó de nuevo por incidentes planteados por la defensa del acusado León Ocampos. El expediente subió a la Cámara de Apelación que rechazó la pretensión del procesado en la causa.

El Tribunal de Sentencia, el 16 de octubre pasado, volvió a establecer fecha de inicio del juicio para el 13 de noviembre y a partir de allí, las defensas comenzaron nuevamente con incidentes para trabar el juicio.

Dilatar el caso

La pretensión de los acusados sería dilatar al máximo la audiencia oral y pública, ya que en mayo del año que viene se extingue el proceso, lo cual significar­á la impunidad de cada uno de ellos, según fuentes judiciales.

Queda en manos de las juezas González, Hermosa y Fernández llevar adelante el juicio y rechazar todos los incidentes dilatorios. Las magistrada­s tienen el respaldo legal para aplicar sanciones, tanto a los abogados chicaneros como a los procesados que en ejerzan en forma abusiva el derecho.

Nuestro país tiene la oportunida­d de dejar un precedente importante, ya que de acuerdo a fuentes judiciales, en la región no existe condena por tráfico internacio­nal de armas de guerra, que se da en este caso, de acuerdo a la acusación que presentó en su momento el Ministerio Público.

Pedido de extradició­n

León Ocampos y Ramírez Cantero están en prisión a raíz del pedido de extradició­n solicitado a nuestro país por la justicia argentina, por la presunta implicanci­a de los mismos en otro hecho similar por la que van a ser juzgados en Paraguay. Ferreira y Sánchez Moreno están con medidas sustitutiv­as.

La acusación del Ministerio Público es por producción de riesgos comunes (hasta cinco años de cárcel); ingreso por aduana no autorizada (cinco años); fabricació­n ilícita (hasta diez años), tráfico ilícito (hasta diez años), hechos punibles conexos (diez años) y acopio ilícito (diez años). Los hechos están previstos y penados en la “La ley N° 4036/ De Armas de Fuego, sus piezas y componente­s, municiones, explosivos, accesorios y afines”.

En el expediente judicial figuran como fiscales del caso, Carlos Alcaraz, Lorena Ledesma y Hernán Galeano. Hay que ver si los mismos van a defender la acusación durante el juicio oral.

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En una conferenci­a de prensa, de marzo de 2016, se expusieron algunas de las armas incautadas y que iban a ser traficadas, según la acusación del Ministerio Público.
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Carlos León Ocampos, sindicado por el Ministerio Público como líder de la asociación dedicada a traficar armas.
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