Vista gorda con transportistas
Pese a que aún hay casos pendientes de resolverse en la justicia, el Viceministerio de Transporte da fortunas a transportistas procesados por cobro irregular de subsidios. Entre las apelaciones, se cuestiona que se resuelvan como delitos las causas imputadas y juzgadas como crimen.
El Viceministerio de Transporte (VMT) del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), en lo que va de este año otorgó casi G. 3.000 millones en concepto de subsidio a cinco empresas que están procesadas por cobro irregular de este beneficio. Se trata de las Líneas 34, 36, 58, 232 y 454 (ver cuadro).
De acuerdo con los antecedentes, en 2014 el entonces titular de la Secretaría de Transporte del Área Metropolitana, Agustín Encina, denunció que dichas firmas accedieron al subsidio de manera irregular. En 2016, el entonces fiscal Yoan Paul López, hoy juez, imputó a los representantes de las empresas por “estafa, adquisición fraudulenta de subvenciones y producción mediata e inmediata de documentos públicos de contenido falso”. Se trataría de un perjuicio de más de G. 13.000 millones.
Se estimó que 123 buses de la Línea 259 circularon de forma irregular al adulterar el chasis y documentos de buses antiguos, que los hicieron figurar como nuevos.
Conforme a las averiguaciones, el caso de los empresarios de la Línea 34 tiene el juez Gustavo Amarilla, quien citó a los procesados, entre ellos Juan Agripino Gómez, para el 3 de diciembre, para la audiencia preliminar en la que se definirá si el caso va a juicio oral. El hijo de Gómez, de nombre Gustavo, manifestó ayer a ABC Color que los representantes de esa empresa son inocentes.
El juez Amarilla también tiene la causa de la Línea 36. Dictó sobreseimiento definitivo y esto fue apelado; se encuentra en la Cámara de Apelaciones a la espera de una resolución. La fiscala del caso es Karina Caballero, confirmaron a ABC.
La causa de la línea 58 tiene la jueza Clara Ruiz Díaz, quien dictó sobreseimiento definitivo y rechazó la reapertura planteada por Paul López, por considerar extemporánea. La imputación fue tipificada como crimen, artículo 262, inciso 2° del Código Penal. Sin embargo, el sobreseimiento ocurre en un año, como si fuera delito. En la casación, el fiscal explica que la apelación se hizo dentro del plazo porque la causa fue tipificada como crimen y así el pazo es de 3 años.
Ruiz Díaz también juzgó la causa de la Línea 454 y dio a sus representantes sobreseimiento definitivo, pero tras apelación fiscal, el expediente tiene la Corte Suprema de Justicia. También los integrantes
de la máxima instancia judicial tienen que resolver el caso de la Línea 232.
ABC se comunicó también con gente de la empresa Ciudad de Villeta (232), cuya propietaria respondió que se encontraba ocupada y que hablaría más adelante.
En tanto, desde la Línea 58, Édgar Giménez expresó que va a asesorarse con su abogado antes de dar declaraciones porque el tema “es muy vidrioso”. No logramos contactar con gente de las líneas 36 y 454, pero nuestro diario está abierto a escuchar su versión.