Exigencia a las firmas solo queda en papeles
En 2011, el presidente Fernando Lugo firmó el Decreto N° 3360 que otorgaba subsidio a los transportistas con el objetivo de evitar que suba el precio del pasaje, al compensar costos del combustible, que estaba en alza. En ese documento se establecen las condiciones que deben cumplir las empresas de transporte para recibir el beneficio, pero todo indica que esas exigencias no se cumplieron al 100%.
Una de las obligaciones fundamentales para las empresas de transporte es estar al día en sus obligaciones con el Instituto de Previsión Social. En teoría, cada empresa debe tener el doble de trabajadores que la cantidad de buses (habilitada en el pasado por Setama –Secretaría de Transporte del Área Metropolitana–, hoy a cargo del Viceministerio de Transporte). Según averiguaciones de nuestro diario, son numerosas las compañías que adeudan al IPS y reciben el beneficio del fraccionamiento.
Otro requisito es estar al día en el cumplimiento de los deberes tributarios y no ser morosos con el Banco Nacional del Fomento.
También exige que no estén operando con medidas cautelares, salvo que cuenten con sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas. Esta restricción será aplicada exclusivamente a las empresas afectadas por la medida cautelar.
Además, cada empresa debe presentar un plan de renovación de su flota y suscribir un compromiso de implementación del mismo.
Al ser consultado acerca de los pagos a las empresas procesadas por cobro irregular, Britos evitó responder ayer las llamadas y los mensajes vía Whatsapp enviados por nuestro diario.