Buscan revancha para derogar el acuerdo Cartes-Macri de la EBY
La Cámara de Senadores analizará en una semana, el próximo 21 de noviembre, un nuevo proyecto de ley que derogue el acuerdo constitucional del Pacto Cartes-Macri.
Dicho pacto, firmado por los presidentes paraguayo Horacio Cartes y el argentino Mauricio Macri, fue clave para autorizar la mecanización del Brazo hidroeléctrico Aña Cua.
Sin embargo, el Paraguay reconoció así una deuda espuria de US$ 4.000 millones a la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) y cedió la venta de la energía paraguaya a US$ 11 por MWh, por 30 años, mientras Argentina la revende a entre US$ 80 y 100, según autoridades del PLRA.
La moción de preferencia fue presentada ayer por el senador Eusebio Ramón Ayala (PLRA). Los demás proyectistas son los liberales Víctor Ríos, José Ledesma, Salyn Buzarquis y Carlos Gómez Zelada.
Tres de los proyectistas –Buzarquis, Ayala y Ledesma– buscan así “redimirse” por haberse ausentado en la sesión del 3 octubre, fecha en que a pedido de la oposición se analizó la derogación del acuerdo al pacto Cartes-Macri.
Ese día, el pacto fue ratificado por el Senado gracias a la llamativa ausencia de nueve parlamentarios, entre ellos siete liberales.
Los tres parlamentarios proyectistas argumentaron que se ausentaron porque cayeron enfermos, pero igualmente fueron duramente cuestionados.
Buzarquis incluso tiene antecedentes de mentir con justificativos médicos para eludir una audiencia judicial.
En el tratamiento del 3 de octubre último, hubo 14 votos en favor de la derogación del acuerdo CartesMacri, mientras que 21 parlamentarios votaron por la ratificación.
La mayoría en favor del acuerdo fue integrada por las bancadas coloradas cartistas y abdistas, toda la bancada del Partido Patria Querida (PPQ) y tres liberales llanistas.
Durante el debate en octubre, la oposición reclamó al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, que siendo candidato a la primera magistratura prometió que iba a “romper” dicho acuerdo. Este pacto fue firmado el 4 de mayo de 2017. El Senado dio su aprobación el 26 de junio de 2018 y la Cámara de Diputados lo sancionó el 1 de agosto de 2018. El Congreso argentino nunca analizó el tema.