¡Basta ya!
“El pueblo está cansado de la corrupción generalizada y que pareciera no tener límites. A todo esto decimos: ¡Basta ya!”. Esta frase fue pronunciada por el obispo de la diócesis de Caacupé, monseñor Ricardo Valenzuela, el 8 de diciembre del año 2018 durante la misa central en honor de la Virgen de los Milagros de Caacupé, en la Basílica.
En los ciudadanos dignos, hartos de la corrupción reinante en nuestro país durante años, la frase sigue retumbando y generando una mezcla de emociones luego de casi un año. Sin embargo, todo sigue prácticamente igual.
Existen incontables ejemplos, pero en Cordillera uno de los más emblemáticos es este: En el 2014, miles de personas de 30 instituciones educativas de Arroyos y Esteros se manifestaron en contra del entonces jefe comunal Gustavo Alfonzo (ANR), exigiendo saber el destino de los recursos del Fondo Nacional para la Inversión y el Desarrollo (Fonacide). Estas protestas fueron el inicio para que concejales se animaran a realizar las denuncias en instancias correspondientes. Los fiscales Luis Lionel Piñánez y José Dos Santos acusaron al exjefe comunal por supuestos delitos de lesión de confianza, producción mediata de documentos públicos de contenido falso y administración en provecho propio en calidad de autor. Se habla de un perjuicio de G. 1.300 millones contra la Comuna.
También están acusados la hermana del exintendente, Carmen Cristina Alfonzo Prieto, y María Luján Leite Sánchez, exfuncionarias administrativas durante la gestión. En calidad de cómplices fueron acusados Lilian Fabiola Díaz Benegas (pareja sentimental de Alfonzo y exsecretaria general de la Comuna), el empleado Omar Rodríguez Kunzle, el hijo del exintendente Gustavo Amado Alfonzo Bello y Alejandro Magno Núñez Insfrán.
Luego de casi cuatro años de iniciarse el proceso y los sucesivos planteamientos dilatorios de la defensa, el caso tiene fecha de juicio oral fijado para febrero del 2020. La ciudadanía y la comunidad educativa arroyense luego de tanta espera solo aguardan que se haga justicia, que se devuelvan los recursos y que los culpables sean sancionados como corresponde. Exigen un ¡Basta ya!