Rechazan veto a ley que amplía pensión alimentaria para los adultos mayores
El Senado rechazó ayer el veto parcial a la ley que amplía la pensión alimentaria para adultos mayores en situación de “vulnerabilidad social”. El Ejecutivo argumentó falta de fondos para este subsidio, que afectará al presupuesto y que la redacción de la ley se presta a distorsiones.
Con el número justo de votos (23) y seis votos en contra, el pleno del Senado pudo rechazar el veto del Ejecutivo y lo remitirá a la Cámara de Diputados, que necesitará mayoría absoluta (41 votos) para ratificar la ley y obligar al Ejecutivo a promulgarla.
Durante el debate, senadores de la oposición y de la bancada de Honor Colorado defendieron la ratificación de la ley, basándose en que la misma Constitución establece que nuestro país se define en “Estado Social de Derecho”.
El senador Hugo Richer (Frente Guasu) señaló que las estadísticas del mismo gobierno indican que la lucha contra la pobreza y extrema pobreza fracasaron durante los dos últimos gobiernos por la falta de una política efectiva que no solo sea de transferencia sino que se relacione también a la salud pública.
El senador Sergio Godoy (ANR-HC) dijo que el Gobierno debe tener una respuesta a la situación de personas que llegan a la tercera edad y no cuentan con ninguna clase de ingresos, porque
la atención de esa franja de la ciudadanía es una obligación que le impone la misma Constitución.
El senador Víctor Ríos (PLRA) cuestionó los argumentos en el sentido de que en 5 años significará para el Estado una erogación de US$ 445 millones. El legislador apuntó que ese monto gastamos cada año en pagar los servicios de la deuda externa. Sostuvo también que se establece una gradualidad que permitirá al Ejecutivo atender la situación de los adultos mayores en situación de pobreza que vivan en las zonas más afectadas por la falta de recursos económicos. El Ejecutivo criticó especialmente el término de “situación de vulnerabilidad” en vez de pobreza, ya que esto se prestaría a inclusiones abusivas.
Según Ríos, el artículo 3 del proyecto establece parámetros que excluyen a quienes no deben ser beneficiados.