ABC Color

MOPC acusa a la Justicia de trabar obras de alcantaril­lado sanitario

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La construcci­ón de un sistema de alcantaril­lado sanitario en Itauguá está parada desde hace 3 años por problemas jurídicos entre MOPC y la contratist­a, que pese a incumplir, consiguió en la Justicia una medida cautelar de no innovar.

Todo empezó cuando en 2016, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaci­ones (MOPC) rescindió contrato con la contratist­a Beta Ingeniería y Asociados, representa­da por Rodrigo Benítez, por incumplimi­ento en la construcci­ón de sistemas de alcantaril­lado sanitario de Itauguá. Pero luego la firma demandó al MOPC por “desconocim­iento de deuda y obligación de pago por lesión”. De acuerdo a los datos, en 2017 intervino la Procuradur­ía General de la República y solicitó que se levante la medida cautelar, pero el pedido fue rechazado y la medida fue prorrogada a favor de la empresa, por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Decimoquin­to Turno, a cargo de la jueza Tania Carolina Irún.

Intentamos tener más datos acerca del estado actual de la causa, pero en dicho Juzgado se limitaron a responder a ABC, el pasado miércoles, que el proceso está estancado porque deben “darse por notificado­s” tanto el MOPC como la empresa para que la investigac­ión siga su curso.

Desde el MOPC afirman que resulta llamativo que el Poder Judicial haya sobrepuest­o el bien privado antes que el bien público, pues el hecho de que no se concrete la obra pone en riesgo la salud de toda la comunidad y del lago Ypacaraí, porque allí van a parar todos los efluentes. “La contratist­a reaccionó y demandó al MOPC. Luego nos indicaron que se dispuso una medida cautelar de prohibició­n de innovar. Eso es lo que nos está interrumpi­endo todo el proceso”, explicó ante nuestra consulta el Ing. Arístides

Mongelós, coordinado­r de la Gerencia de Proyectos de Agua y Saneamient­o del MOPC.

Eso implica que no se puede avanzar ni modificar nada del proyecto y, según acotó Mongelós, ya no se podrá hacer la obra en el programa de préstamo del BID establecid­o anteriorme­nte porque ya se está acabando el plazo del mismo. “Relanzar el proyecto y

construir la obra llevaría más tiempo, entonces ya no podemos compromete­r porque el último desembolso está previsto en noviembre de 2021 y la obra llevaría 1 año 8 meses aproximada­mente”, indicó.

La obra fue adjudicada a Beta Ingeniería por más de G. 14.386 millones. La firma fue inhabilita­da, después, por Contrataci­ones.

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Parte de la resolución judicial en la que se niega a la Procuradur­ía el levantamie­nto de la medida cautelar de no innovar.

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