La calculadora no falla
La escena es clave para el desenlace de la historia.
El escenario, un estacionamiento en el que por seguridad se encontraban periódicamente un periodista y su fuente.
Allí la fuente le proporcionaba valiosos datos sobre el sistema de espionaje montado por un presidente para controlar a sus adversarios políticos. “Follow the money (sigue el
dinero)” le dice la fuente al periodista, patentando el que sería uno de los principios elementales de cualquier trabajo investigativo.
Es parte de la historia de dos jóvenes periodistas estadounidenses, Robert “Bob” Woodward y Carl Bernstein, quienes con un perseverante trabajo de investigación y el respaldo de sus editores, causaron, amenaza de juicio político mediante, la histórica renuncia del presidente estadounidense Richard Nixon.
Durante décadas “Bob” Woodward mantuvo en secreto el nombre de su fuente, ya que esta le había exigido confidencialidad, hasta que decidió revelar su identidad.
Se trataba de Mark Felt, el segundo hombre más importante de la Oficina Federal de Investigación (FBI), bautizado como “Garganta Profunda” por el periodista para referirse así a la fuente clave de su investigación.
El mismo FBI que esta semana nos mostró que aún estamos lejos de que las instituciones locales funcionen para controlar eficientemente el lavado de dinero.
Su investigación sobre la exdiputada Cynthia Tarragó fue documentada a lo largo de un año y medio por los sabuesos estadounidenses, que si estuviesen en Paraguay se darían un festín con la cantidad de casos y la grosera ostentación que incluso se hace sin pudor alguno con el dinero de dudoso origen.
Es cuestión de lógica simple, los números no cierran.
Un diputado percibe de manera legal unos 5 mil dólares al mes, o 65 mil dólares anuales, incluyendo el aguinaldo. En 5 años de mandato son 325 mil dólares como máximo, sin considerar incluso el descuento por aporte jubilatorio.
La pregunta lógica es entonces, ¿por qué una persona que va a cobrar como máximo esa cantidad a lo largo de cinco años aportaría 300 mil dólares para financiar una campaña, comprar su banca y perder dinero? La respuesta parece obvia. Fue precisamente con la exdiputada que se había hecho público el caso del denominado “mecánico de oro.”
Un modesto trabajador llamado Miguel Carballo, quien demandó a la exparlamentaria a la que dice haberle prestado 300 mil dólares.
El hombre había sido nombrado como asesor de la Cámara de Diputados en 2013, por el entonces diputado Víctor Bogado, líder del equipo político en Asunción por el que también se candidató Tarragó.
El caso se conoció solo por la deuda impaga, en situación contraria hubiese quedado escondido, como tantas otras operaciones político-financieras realizadas en la oscuridad.
Es que hasta aquí el supuesto control de la financiación del proselitismo solo se parece a una cáscara similar a la rendición de cuentas del dinero del Fonacide por parte de intendentes y gobernadores, en la que no se hace un análisis profundo de los gastos declarados.
Hasta aquí son números que se presentan sin que exista una investigación exhaustiva sobre el origen y correspondencia del dinero declarado. Es decir, ni se indaga el origen ni se exige una justificación.
Luego de esta nueva investigación desde el exterior, que nos muestra en un espejo lo que no queremos ver, ¿alquien duda aún de que se debe controlar exhaustivamente la financiación de las campañas, incluyendo a las internas?