“Parlasurianos” reconocen la inutilidad del organismo que integran.
Si existiera todavía alguna duda sobre el lamentable despilfarro de dinero del Presupuesto que se le asigna a la delegación de “legisladores” paraguayos en el Parlamento del Mercosur (Parlasur), la misma se despeja totalmente luego de leer una carta que miembros de dicha delegación remitieron a la Dirección de este diario, en réplica a un editorial del 18 de noviembre, titulado: “Parlasur, un ejército de zánganos que le cuesta caro a Juan Pueblo”, en el que se criticó el derroche que supuso este año destinar más de 23.000 millones de guaraníes a los representantes en un organismo inútil al que nadie hace caso, que solo emite declaraciones, sin poder legislar ni realizar control alguno. Los firmantes de la carta afirman que “esta delegación paraguaya en absoluto está conforme con la situación actual”, pues reconocen que “resulta imprescindible dotar al Parlamento de competencias legislativas y de control (...) hoy reservadas a los órganos decisorios del Mercosur integrado exclusivamente por representantes de los poderes ejecutivos” (sic). En otras palabras, los “parlasurianos” no tienen absolutamente nada que hacer, pues otros están realizando la tarea que les corresponde.
Si existiera todavía alguna duda sobre el lamentable despilfarro de dinero del Presupuesto que se le asigna a la delegación de “legisladores” paraguayos en el Parlamento del Mercosur (Parlasur), la misma se despeja totalmente luego de leer una carta que miembros de dicha delegación remitieron a la Dirección de este diario, y publicada en nuestra edición del sábado 23 de noviembre, página 10. Es en réplica a un editorial del 18 de noviembre, titulado: “Parlasur, un ejército de zánganos que le cuesta caro a Juan Pueblo”, en el que se criticó el derroche que supuso este año destinar más de 23.000 millones de guaraníes a la representación nacional en un organismo inútil al que nadie hace caso, que solo emite declaraciones, sin poder legislar ni realizar control alguno.
El primer párrafo de la carta, que ya hace innecesaria cualquier otra explicación posterior, dice: “Esta delegación paraguaya en absoluto está conforme con la situación actual, hemos asumido este compromiso con la convicción de avanzar en el proceso de integración y en cumplimiento a un Protocolo, por lo que resulta imprescindible dotar al Parlamento de competencias legislativas y de control, características principales de un órgano legislativo, hoy reservadas a los órganos decisorios del Mercosur integrado exclusivamente por representantes de los poderes ejecutivos” (sic) (Las negritas son nuestras).
En otras palabras, los “parlasurianos” no tienen absolutamente nada que hacer, porque las funciones que podrían ejercer las cumplen otros organismos del bloque regional. Entonces, tienen que programar cualquier cosa, desplazándose de un lugar a otro para asuntos de escasa o nula incidencia en la integración económica de los países miembros. Y si nuestros representantes saben muy bien esa realidad, ¿no les avergüenza cobrar mensualmente un jugoso salario, recibir combustibles y tener personal pagado a su cargo, en vez de destinar la voluminosa suma que se les asigna a sectores
realmente necesitados? Los otros países socios son conscientes de esta realidad y han encontrado la solución adecuada a este problema: sus representantes son designados entre los legisladores electos, y se les paga un viático cuando deban concurrir a los lugares de reunión.
En la carta enviada a nuestro diario, aparte de mencionar unas ochenta reuniones celebradas en Montevideo y en nuestro país desde el inicio de la actual “legislatura”, 2 de julio de 2018, los “parlasurianos” adjuntaron informes sobre 24 actividades realizadas por la delegación, empezando por haber instado a ratificar la continuidad del Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur (Focem), pasando por el impulso al Corredor Bioceánico y terminando con un “reconocimiento a escritores paraguayos y a la cultura nacional”. El lector puede juzgar la “importancia” de las actividades realizadas por estos “legisladores”
regionales. Por eso, lo que se objeta es que a los contribuyentes les cueste tanto dinero que vengan realizando algunas labores del todo irrelevantes, para tratar de justificar su existencia.
Es elogiable, sin embargo, la franqueza de nuestros “parlasurianos” pues la misiva señala que la delegación paraguaya “en absoluto está conforme con la situación
actual”, que “resulta imprescindible dotar al Parlamento de competencias legislativas y de control”. Repetimos: si no tienen nada útil que hacer, ¿por qué no se quedan nomás en sus casas? Porque, resulta insensato trasladarse a Montevideo a sabiendas de que lo que podrían tratar compete a otros órganos del bloque.
Esa situación, por cierto, ya era conocida por los remitentes cuando se postularon para ocupar un escaño en el mal llamado Parlamento. Más aún, dos de ellos
–Ricardo Canese (FG) y Tomás Bittar (ANR) – ya habían sido “parlasurianos” entre 2013 y 2018, pero buscaron y lograron ser reelectos, pese a que no estaban ni están a gusto con la “situación”, demostrando un admirable espíritu de sacrificio. Ellos y sus colegas sabían y saben también que es imposible modificar desde Montevideo el Protocolo Constitutivo, pues la ampliación de sus competencias, entre otras cosas, dependerá de las negociaciones que realicen los Gobiernos nacionales y del acuerdo que presten los Congresos, en el marco de las respectivas Constituciones.
Entre otras cosas, los remitentes de la carta mencionan la idea de convertir al Parlasur en una “instancia supranacional, guiado por el modelo de la Unión Europea”. Esa comunidad política surgió en 1993, como sucedánea de la Comunidad Económica Europea creada en 1957; el Parlamento Europeo nació en 1952 y sus
competencias se han ido ampliando hasta 2007. La gran diferencia entre el Mercosur y la Unión Europea es que allí existe una verdadera integración económica, en tanto que en nuestra región ni siquiera existe una unión aduanera, tanto que al Paraguay incluso le cuesta
exportar bananas a la Argentina. En las condiciones actuales, el Parlasur no tiene ninguna posibilidad de solucionar estos asuntos.
Nuestra posición no es la de liquidar o abandonar el Parlasur, sino de ahorrar el dinero público que se necesita para algo más que mantener a unos representantes descontentos y a sus funcionarios ociosos. Y este ahorro ya debería empezar el año próximo, con un Presupuesto que no incluya gastos tan superfluos como los que aparecen en el de los “parlasurianos”.