Sandra Quiñónez ya tiene “permiso” para investigar a Cartes.

Muy “magnánimo”, el expresidente Horacio Cartes se puso “a disposición” del Ministerio Público y ofrece su colaboración en las pesquisas que debieron comenzar hace mucho tiempo. ¿Era necesario este gesto, que es como decirle a la Fiscalía General del Estado: “Ahora me pueden investigar”? En verdad, es como para creer que se necesitaba esa “autorización” del exmandatario, porque hasta el momento existía la sensación de que la Fiscalía tenía terror de incursionar en lo que para su titular y sus agentes parecía un “campo minado”. El Ministerio Público no se tomó la molestia de investigarlo al menos desde que en abril de 2018 la Seprelad le hizo llegar un reporte del Banco Nacional de Fomento sobre las operaciones sospechosas del “hermano del alma” Darío Messer, en cuya fuga y ocultamiento la Justicia brasileña involucra al expresidente. La titular del Ministerio Público ha desempeñado muy mal sus funciones, de modo que si no tiene la decencia de renunciar, la Cámara de Diputados haría bien en promover su juicio político.

Muy “magnánimo”, el expresidente Horacio Cartes se puso “a disposición” del Ministerio Público y ofrece su colaboración en las pesquisas que debieron comenzar hace mucho tiempo. ¿Era necesario este gesto, que es como decirle a la Fiscalía General del Estado: “Ahora me pueden investigar”? En verdad, es como para creer que se necesitaba esa “autorización” del exmandatario, porque hasta el momento existía la sensación de que la Fiscalía tenía terror de incursionar en lo que para su titular y sus agentes parecía un “campo minado”. Debe recordarse que, en el pasado, los personajes sospechados de grandes robos u otros delitos pasaban a la clandestinidad, mientras sus abogados arreglaban la situación, para que después el prófugo se ponga “a disposición”, ya con su caso todo resuelto. Eso mismo ocurrió con el propio Horacio Cartes en el caso de la evasión de divisas del Banco Central, cuando se dio a la fuga y, precisamente, en ese tiempo fue acogido por la familia Messer en Ponta Porã, hasta que se puso “a disposición de la Justicia” y cumplió una muy breve condena de cárcel. El Ministerio Público no se tomó la molestia de investigarlo al menos desde que en abril de 2018 la Seprelad le hizo llegar un reporte del Banco Nacional de Fomento sobre las operaciones sospechosas del “hermano del alma” Darío Messer, en cuya fuga y ocultamiento la Justicia brasileña involucra al expresidente. La “noble” actitud de ponerse “a disposición” la tuvo Cartes ¡en su doble carácter de “senador vitalicio y senador electo”!, comprometiéndose, además, a colaborar en las pesquisas. Le comunicó “oficialmente” al Ministerio Público que está procesado por ese hecho punible en el Brasil y que, como habría sido cometido en nuestro país, hay aquí una cuestión de “soberanía e independencia”, que las autoridades nacionales deben investigar. He aquí un motivo más para que la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, se sienta muy agradecida a quien la nombró en tal carácter, luego de haber contado con su respaldo desde un principio. Se diría que le dio permiso para que cumpla con su deber de indagar, lo cual era innecesario. En efecto, según se desprende del art. 5º de la Ley N° 1562/00, concordante con el 18 de la misma normativa y con el 315 del Código Procesal Penal: “La persecución penal de los hechos punibles de acción pública será promovida inmediatamente después de la noticia de su comisión”. Dado que la fiscala general del Estado no se habría enterado de la orden dictada por el juez federal brasileño, nada hizo aparte de disponer, tres días más tarde, que cinco agentes fiscales viajen a Río de Janeiro para enterarse de algunas cosas. En vista de que ahora ya habrá tomado noticia del delito atribuido a su benefactor de otrora, es de suponer que promoverá cuanto antes la persecución penal que la ley dispone y que hallará la amable comprensión de Horacio Cartes. El órgano equivalente del país vecino señaló también que el anterior jefe de Estado estuvo “alineado” a una organización criminal brasileña y que ahora su poder político –no inferior al económico– le permitiría impedir que las autoridades de investigación lo alcancen. En efecto, no lo alcanzaron hasta la fecha, por la simple razón de que, por un motivo quizá inconfesable, Sandra Quiñónez creyó conveniente cruzarse de brazos, ignorando la ley para no molestar a alguien. ¿Se dará cuenta de la situación ridícula en la que le ha puesto Horacio Cartes, de cara a la opinión pública, afectando gravemente la dignidad de su alto cargo? Pudo haberle llamado por teléfono y darle “luz verde” para investigarlo, pero, se puso públicamente a disposición como diciendo: “a mí me investigan cuando yo quiera”. No dio precisamente la impresión de ser un hombre sujeto a las leyes. Demostró así que la fiscala general del Estado ha sido incapaz de actuar sin su previo consentimiento, pese a que el art. 2° de la Ley N° 1562/00 dice que el Ministerio Público debe obrar con “independencia de criterio” y ejercer sus funciones “sin sujeción a directivas que emanen de órganos ajenos a su estructura”. Según el art. 50 de la misma ley, la fiscala general del Estado tiene la atribución de “unificar la acción del Ministerio Público, establecer las prioridades en el ejercicio de sus funciones, tomar las medidas convenientes al efecto y emitir instrucciones generales o particulares”. Siendo obvia la enorme importancia del caso Cartes-Messer, Sandra Quiñónez no dispuso, ni mucho menos, que su esclarecimiento fuera uno de los más urgentes. Al contrario, solo debido a la resolución del juez federal brasileño, decidió el viaje de sus subordinados para que se enteren de lo que debieron haber sabido desde hace mucho. La titular del Ministerio Público ha desempeñado muy mal sus funciones, de modo que si no tiene la decencia de renunciar, la Cámara de Diputados haría bien en promover su juicio político. Es deplorable que, con su inacción, haya perdido la autoridad moral que pudo haber ganado con actuaciones anteriores. Al dejar de lado claros mandatos legales, ha puesto en serio entredicho tanto su independencia personal como la autonomía del órgano que representa a la sociedad ante la judicatura. Sandra Quiñónez ya no garantiza que la ley rija para todos por igual y expone al Ministerio Público al bochorno.

Se debe rescatar la Justicia paraguaya de las garras de los políticos poderosos, de los delincuentes de guante blanco y de sus agentes pusilánimes o corruptos.