Funcionarios reclaman el pago de los “aumentazos”
El Ministerio de Hacienda solicitó a la Cámara de Senadores ajustar el proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2020, con media sanción de la Cámara de Diputados, a la versión presentada por el Poder Ejecutivo.
Así lo señaló ayer el viceministro de Administración Financiera, Óscar Llamosas, luego de reunirse con los miembros de la Comisión de Hacienda del Senado, organismo asesor que deberá emitir un dictamen para que el presupuesto para el próximo año se trate en la sesión prevista para mañana.
Llamosas pidió que se acerque lo más posible a los números propuestos por el Ejecutivo, aunque reconoció que en el Senado existe una tendencia de utilizar como base el dictamen de la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso.
En ese sentido, el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Silvio Ovelar, dijo que se tomará como base de estudio el dictamen de la Bicameral a fin de poner orden en el proyecto tras la serie de movidas realizadas en Diputados que altera el funcionamiento de las instituciones.
La bancada del Frente Guasu, por su parte, sostiene que el Poder Ejecutivo maquilla la previsión de ingresos para un manejo discrecional de recursos y plantea la eliminación de aranceles universitarios, aumento de presupuesto para salud, destinar US$ 130 millones para la eliminación de la deuda flotante del Ministerio de Salud, inclusión de los gastos sociales de las binacionales y elevar el impuesto al tabaco, alcohol y bebidas, entre otros.
Los funcionarios del Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo (Senepa), organismo dependiente del Ministerio de Salud Pública, reclamaron ayer al Ministerio de Hacienda el pago de los aumentos que fueron incluidos en el presupuesto 2019, conocidos como “aumentazos” otorgados directamente en el Congreso.
Los manifestantes cerraron la calle Chile y se ubicaron en frente de la sede central de Hacienda, entre Palma y Presidente Franco, para presionar por el pago, atendiendo a que el proyecto de ley con el cual el Poder Ejecutivo pretendía dejar sin efecto fue rechazado por el Congreso.
Hacienda había anunciado que en lo que resta de este año ya no pagará los “aumentazos” y que los asesores jurídicos estaban analizando las implicancias de esta medida, cuyo costo, de abonarse, significará unos G. 15.000 millones. Tampoco fue incluido en el proyecto de ley de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2020.
Otro grupo de funcionarios del Ministerio de Agricultura, de Dinapi y Senave vienen cobrando mediante una medida cautelar dictada por la Corte Suprema de Justicia.
Los incrementos fueron detectados a inicios del año cuando el fisco empezó a liberar los fondos para el pago de los salarios y el sistema arrojó las diferencias de sueldo con relación al ejercicio 2018, cuando no se había solicitado ni aprobado ningún aumento. Con esta maniobra fueron beneficiados más de 2.000 funcionarios.