Funcionarios del PJ endurecen medidas
Mientras los funcionarios judiciales intensifican sus medidas de fuerza por reajuste salarial, la Corte Suprema de Justicia pidió ayer calificación de huelga iniciada el 11 del corriente.
A diferencia de años anteriores, la actual medida de fuerza está caracterizada por las medidas extremas. Al funcionario Braulio Torales, quien inició una huelga de hambre el lunes 18 último, ayer se le sumó Emilio Waldir Pereira, quien decidió encadenarse a una silla frente al Palacio de Justicia. Pereira, funcionario del juzgado penal de primera instancia de San Juan Nepomuceno, de Caazapá, tiene ocho años de antigüedad y percibe un salario de G. 2.758.000, que una vez realizados los descuentos se queda en G. 1.902.000. “Es una forma de demostrar que estamos encadenados
desde hace tiempo con ese sueldo que ya no da más. Tengo esposa y cuatro hijos que mantener”, explicó. En principio, Pereira dijo que estará hasta mañana y, de acuerdo a lo que resuelva el Senado en la sesión para tratar el presupuesto 2020, decidirá que hacer.
Registrador con sueldo de ordenanza
Esta misma postura tiene Braulio Torales, quien ayer cumplió su octavo día de huelga de hambre. Explicó que hace 28 años que trabaja en el Poder Judicial, pero hace 22 que está como funcionario nombrado y tiene la función de registrador, pero el cargo es de ordenanza en Marcas y Señales, con un salario de G. 2.112.000. “(La medida) es para tener un sueldo digno, basta ya de discriminación y por mi familia, por mis padres, mis hijos y también por mis compañeros
que les cuesta salir afuera para luchar por su dignidad”, dijo.