El narcotráfico le da una pésima fama al Congreso.

El caso de la exdiputada Cynthia Tarragó muestra, por si aún hacía falta, que el crimen organizado se halla inserto en los Poderes del Estado, tal como lo señaló ya en noviembre de 2014 el actual vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, cuando presidía la Cámara Baja. Ese mismo mes, la Comisión de Prevención y Lucha contra el Narcotráfico y Delitos Conexos, del Senado, denunció, fundada en datos proveídos por la Senad, a varios legisladores, todos ellos colorados, por tener supuestamente vínculos con el narcotráfico. La denuncia fue presentada por el Senado al Ministerio Público, sin consecuencia alguna. Otros escándalos afectan a legisladores, exlegisladores e inclusive a intendentes municipales. Son demasiados los hechos que involucran a personajes del ambiente político y legislativo con el sucio negocio del narcotráfico. Si las investigaciones sobre ellos no avanzan es porque los agentes fiscales no quieren arriesgarse ante personajes que cuentan con poderosos “padrinos” que los respaldan.

El caso de la exdiputada Cynthia Tarragó muestra, por si aún hacía falta, que el crimen organizado se halla inserto en los Poderes del Estado, tal como lo señaló ya en noviembre de 2014 el actual vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, cuando presidía la Cámara Baja. Ese mismo mes, la Comisión de Prevención y Lucha contra el Narcotráfico y Delitos Conexos, del Senado, denunció, fundada en datos proveídos por la Senad, que los diputados titulares Freddy D’Ecclesiis, Bernardo Villalba y Marcial Lezcano, así como el suplente Carlos Sánchez (Chicharõ) y la entonces “parlasuriana” Concepción Cubas de Villaalta,

todos de la ANR, estaban ligados a la citada actividad delictiva. En dicha circunstancia, el senador Arnaldo Giuzzio –hoy titular de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad)– informó también que en la pronta liberación del hijo del capomafioso brasileño Ireneu “Pingo” Soligo, en 2010, había sido clave la defensa del abogado Wilson Marinoni, exmarido de la entonces diputada Tarragó.

La denuncia presentada por el Senado ante el Ministerio Público, entonces dirigido por Javier Díaz Verón –hoy acusado por enriquecimiento ilícito–, no tuvo consecuencia alguna, tanto que uno de los involucrados –D’Ecclesiis–

sigue ocupando una banca en la Cámara Baja. La familia de este último también se vio involucrada hace poco más de un año en un oscuro episodio, al ser descubierto en San Estanislao un aeródromo no registrado en la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), con siete avionetas en el hangar, algunas sospechosas de ser utilizadas en el narcotráfico, según los agentes fiscales intervinientes. Se hizo cargo de la situación la cuñada del legislador, Juana Carolina Vera González, quien dijo que se dedicaba a ofrecer servicio de hangar para aeronaves. Fue imputada y enviada a la cárcel de mujeres del Buen Pastor.

También el escándalo del diputado Ulises Quintana (ANR, abdista), presunto cómplice en un hecho punible de narcotráfico y autor de uno de lavado de dinero, volvió a recordar que entre los representantes del pueblo la tentación de sumergirse en el submundo puede ser irresistible. Un legislador cuenta con fueros, pero también, cuando las circunstancias lo exijan, con la solidaridad de sus colegas,

tal como la exhibida por el senador Enrique Bacchetta (ANR), nada menos que titular del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, al considerar que el diputado fue objeto de una “injusticia”. El entonces titular del Congreso, senador Silvio Ovelar (ANR), también reivindicó su amistad con el detenido, gestos que implicaron una fuerte presión sobre los agentes fiscales y un “admirable” espíritu de cuerpo legislativo.

Los grupos mafiosos estarían vinculados no solo a parlamentarios, sino también a intendentes. Lo que se publicó sobre Vilmar Acosta (Ypejhú) –condenado por dos asesinatos– y Hernán Schendler (Jesús de Tavarangue) –procesado por lavar dinero del narcotráfico– quizá sea solo la punta de un iceberg que flota en aguas municipales.

Acosta cultivaba la amistad de la diputada Cristina Villalba (ANR, cartista), cuya excolega Tarragó acaba de ser noticia porque fue detenida en Estados Unidos, junto con su marido

Raymond Va, por supuestamente integrar una “red internacional de lavado de dinero”, según revelaron agentes encubiertos del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de ese país, al cabo de una investigación iniciada en marzo de 2018, mientras ella ocupaba un escaño. Por motivos comprensibles, nuestras autoridades no fueron informadas de las pesquisas realizadas también en el Paraguay por los agentes estadounidenses, donde el tercer presunto integrante de la red detectada –Rodrigo Alvarenga Paredes– tendría dos casas de cambio en Pedro Juan Caballero.

El agente fiscal de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán, dijo que la investigación es mayor de lo que se conoce y que, según el FBI, hay más paraguayos implicados. El Ministerio Público estará expectante para enterarse de todo lo que increíblemente “ignoraba”, en tanto que la ciudadanía ya habrá tomado nota, una vez más, de cuán fácil resulta aquí traficar con drogas y lavar el dinero resultante, sobre todo cuando intervienen allegados al poder político. El marido de la exdiputada informó a un agente encubierto que “el Paraguay era un buen lugar para lavar dinero, pues no estaba en el ‘radar’ del Gobierno de Estados Unidos”.

Son demasiados los hechos que involucran a personajes del ambiente político y legislativo con el sucio negocio del narcotráfico. Si las investigaciones sobre ellos no avanzan es porque los agentes fiscales no quieren arriesgarse ante personajes que cuentan con poderosos “padrinos” que los respaldan públicamente. Ulises Quintana, por ejemplo, está muy seguro de que evitará la prisión, a tal punto que ya lanzó su precandidatura a la intendencia de Ciudad del Este. La exdiputada Tarragó también dio indicios de su influencia en distintas esferas, pues habría ofrecido proveer a los agentes encubiertos de “grandes cantidades de cocaína desde el Paraguay, a un precio muy bajo”, lo que significa que la Senad le tenía sin cuidado. Con todo, su affaire sirve también para volver a evidenciar que el narcotráfico y el lavado de dinero son una muy importante fuente de recursos para los inescrupulosos que intervienen en unos comicios. Por eso, es plausible que los diputados

Jorge Ávalos Mariño (PLRA) y Rocío Vallejo (PPQ) quieran extender ahora los controles de ingresos y gastos de los partidos a los candidatos, considerando el caso comentado. Como sostiene la legisladora, con el desbloqueo de las listas y una campaña individual, con toda certeza ingresará dinero sucio durante la contienda electoral, de modo que si no existe una autoridad que verifique la “trazabilidad” del dinero, las listas se llenarán de candidatos narcotraficantes. Por de pronto, resulta claro que el Paraguay padece una casta política muy proclive a las maniobras delictuosas, favorecidas por la corrupción o la ineptitud de los órganos encargados de combatirlas.