Expolicías y empresario devolverán lo robado
El procurador Sergio Coscia informó ayer al presidente Mario Abdo Benítez sobre un caso judicial en el cual el Estado recuperará lo malversado, al quedar firme la sentencia que obliga a policías y un proveedor privado a pagar G. 1.101.104.900 a las arcas públicas. Se trata de una suma malversada en la adquisición irregular de carne vacuna para dependencias de la Policía Nacional.
Coscia informó que es la primera vez que el Estado logra una condena por responsabilidad civil, derivada de un hecho punible, que obliga a varios exfuncionarios que “han incumplido los deberes, a resarcir con su propio patrimonio el daño causado al Estado”.
El procurador informó que el Acuerdo y Sentencia Nº 771 de fecha 25 de octubre de 2019, de la Corte rechazó la acción de inconstitucionalidad y el recurso de casación planteados por las defensas, respectivamente, con lo cual queda firme la sentencia del 2 de marzo de 2017 emanada del Juzgado Penal de Sentencias Nº 16.
Antecedentes
La causa penal está caratulada “Francisco Benítez y otros sobre lesión de confianza”. En la Sentencia Definitiva Nº 152 de fecha 20 de agosto de 2012, el Tribunal de Sentencia, integrado por los jueces Gloria Hermosa de Correa, Sandra Farías y Héctor Capurro, resolvió condenar a penas privativas de libertad y declaró civilmente responsables a los exfuncionarios de la Policía Nacional, Hermes García Balmaceda, Juan Silverio Melgarejo Villalba, Carlos Sánchez Cano, Francisco Benítez Figueredo y Milciades Dionisio Sanabria Cantero (propietario de la firma MS Import-Export).
El Tribunal de Sentencia determinó que los funcionarios participaron dolosamente en la contratación irregular para la compra de carne vacuna fresca al gancho destinada a las jefaturas del interior del país para el ejercicio 2003 con la firma proveedora MS Import-Export “causando una cuantiosa sobrefacturación e injusto menoscabo al patrimonio de la Policía al haberse pagado a la citada empresa por 276.444 kilos de carne”. El informe refiere que en realidad se comprobó que el representante de la firma, en connivencia con los funcionarios policiales, permitieron que no ingresaran 180.509 kilos de carne a las distintas dependencias de la Policía Nacional, produciéndose así un perjuicio económico de G. 1.101.104.900 al Estado.