Mejor, castigar a los corruptos nosotros
El certificado de corrupción que Estados Unidos otorgó al exsenador colorado Óscar González Daher y al exfiscal general del Estado Javier Díaz Verón, a los que prohíbe de por vida el ingreso a su territorio, tiene varias lecturas, mensajes y destinatarios.
La trascendencia que ha cobrado para los medios de comunicación en general confirma, por si hiciera falta, la relación un tanto colonial que mantiene nuestro país con la potencia del Norte.
Obviamente, cualquier país del mundo es libre de denegar la entrada a extranjeros con malos antecedentes. Pero, en este caso, lo importante para muchos fue el que tomó la decisión porque vendría a ser como una prueba irrefutable y definitiva de culpabilidad de los afectados, adelantándose al veredicto de la Justicia paraguaya.
Lo que decida el Poder Judicial de nuestro país tal vez ya no tenga la importancia que tuvo esta descalificación internacional.
La decisión del Gobierno norteamericano puede tomarse como una señal de respaldo indirecto a la gestión de Mario Abdo Benítez, porque afecta a un senador que pertenecía al movimiento de su rival político que le dio cabida en su lista de candidatos, además de darle un respaldo explícito, pese a las muchas señales, ya en ese tiempo, de su conducta delictiva.
En cuanto al exfiscal, fue nombrado en otro periodo presidencial y tampoco tiene, pese a ser de origen colorado, una vinculación con el actual Mandatario sino más bien (y de nuevo) con su rival en la interna: Horacio Cartes.
Un problema que revela, sobre todo, la decisión del Gobierno de los EE.UU. es la lentitud de los procedimientos de la Justicia paraguaya porque, de hecho, tanto González Daher como Díaz Verón hace rato recibieron la condena social y política.
En los últimos tiempos, son varias las exautoridades y políticos en nuestro país que están sometidos a un proceso judicial. En la mayoría de los casos, por no decir en casi todos, hay pocas dudas sobre la responsabilidad efectiva de los señalados en hechos de corrupción.
Así como es muy difícil que haya alguien en Paraguay bien informado que aún crea inocentes al exsenador y al exfiscal general señalados por USA, tampoco hay demasiadas dudas sobre la responsabilidad de otros políticos procesados, por más que la Justicia esté lejos en algunos casos de llevarlos a juicio oral y público. Es el caso, por ejemplo, del senador Javier Zacarías Irún (ANR) y de los diputados Carlos Portillo (PLRA), Tomás Rivas (ANR), Ulises Quintana (ANR) y Miguel Cuevas (ANR), por nombrar a algunos.
Quienes integran esta lista seguramente son conscientes de su conducta y su situación. Las maniobras y presentaciones que realizan actualmente en los estrados judiciales tienen básicamente el objetivo de eludir las consecuencias de sus actos, más que en demostrar una inocencia poco creíble.
Es posible, teniendo en cuenta la debilidad de la Justicia local y el poder de las influencias políticas, que algunos de ellos resulte absuelto de culpa y pena, pero es improbable que eso haga que alguien crea que están totalmente limpios de cualquier sospecha.
En términos políticos y sociales, sería un avance que de ahora en adelante no haga falta que un Gobierno extranjero tome medidas contra algunos políticos para que en el Paraguay nos enteremos de que son, sin dudas, corruptos.
Ahora, antes de las elecciones, es un buen momento para que algunos dirigentes todavía no blequeados por hechos de corrupción eviten mezclarse con quienes ya están muy manchados y también para que la gente, con la herramienta del desbloqueo de las listas “sábana”, tome decisiones que le hagan un gran favor al país.
Tal vez, es solo una expresión de deseos. Ojalá sea una premonición.