Brasil arresta en masa a ediles acusados de corrupción municipal
SÃO PAULO (EFE). La Justicia brasileña ordenó la prisión de 20 de los 27 concejales de la ciudad de Uberlandia (sureste), acusados de haber desviado fondos públicos de la Cámara Municipal (Concejalía) a través de contratos irregulares. La operación es una continuación de la iniciada en octubre pasado, cuando tres de esos concejales sospechosos ya habían sido detenidos.
Bajo gobierno de Jair Bolsonaro, Brasil se encamina con un proyecto de ley a endurecer las leyes penales con proyecto que ya recibió la aprobación de la comisión de legislación del Senado.
Las investigaciones involucran las “sospechas de fraude” en contratos de seguridad de la Cámara legislativa y de desvíos de fondos destinados a los gabinetes para la “supuesta contratación de servicios gráficos”, señaló el Ministerio Público del estado de Minas Gerais.
Ayer fueron arrestados 20 concejales del total de 27 que componen la Cámara Municipal de Uberlandia, entre ellos su presidente, Hélio Ferraz, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) .
Ferraz es investigado por presuntamente participar en una trama corrupta que desviaba recursos públicos utilizados por los ediles en su actividad profesional.
La Fiscalía apuntó que, solo en la residencia del presidente, las autoridades incautaron unos US$ 40.000 en efectivo y US$ 200.000 en cheques. Decomisaron, además, varios documentos y computadores utilizados tanto por los representantes políticos como por sus asesores, así como un millón de reales (US$ 250.000) hallados en la vivienda de una de las concejalas investigadas.
Igualmente se investigan presuntos fraudes por parte de los ediles, elegidos en las elecciones municipales de 2016, a la hora de contratar empresas que ofrecían diversos servicios a la cámara municipal.
El pasado octubre, la operación “The Godfather”, como fue bautizada, ya había arrestado a tres de los concejales sospechosos: Alexandre Nogueira, Wilson Pinheiro y Juliano Modesto, contra los que se volvió a emitir una nueva orden de prisión. Los tres ya estaban alejados de sus funciones públicas desde entonces. También, los investigados integraban una “organización criminal” que habría dominado el servicio público de transporte de la ciudad entre 2007 y 2018.