Exministros postergan preliminar con chicana
Luego de las réplicas y dúplicas de las partes, en la fecha se resolverá si el exministro del Interior y los excomisarios Osvaldo Vera y Merardo Palacios son culpables de las torturas que denunciaron los policías Jorge Luis López y Alfredo Cáceres, sindicados como partícipes del fallido golpe de estado contra Luis Ángel González Macchi, entre el 19 y 21 de mayo de 2000.
En sus alegatos finales, el fiscal Santiago González Bibolini ratificó que los efectivos que promovieron la querella fueron víctimas de apremios físicos, tanto en la sede de la Comisaría 11ª metropolitana como en el Comando de Infantería de la Marina, por lo que pidió que Bower y los demás acusados sean condenados.
Según la acusación, los comisarios Osvaldo Vera y Merardo Palacios fueron los encargados de torturar a los uniformados; mientras que el ya fallecido comisario Basilio Pavón –en ese entonces jefe de la Comisaría 11ª metropolitana– fue el encargado de realizar las preguntas y ordenaba los apremios físicos a los supuestos responsables.
En cuanto a Bower, el fiscal afirmó que todos los testigos coincidieron en sus declaraciones que el mismo era informado de todos los procedimientos realizados contra los uniformados que supuestamente participaron del fallido golpe de Estado.
Piden absolución
Por su parte, las defensas solicitaron que Bower, Vera y Palacios sean absueltos de la causa, alegando que en los cuatro meses de juicio, la Fiscalía no presentó ningún elemento que pruebe la culpabilidad de los mismos en los hechos acusados.
Si el tribunal resuelve la absolución, el proceso terminará hoy mismo, pero si se determina la reprochabilidad, se fijará una nueva fecha para que los acusados conozcan su condena.
El juez Yoan Paul López había fijado para el jueves pasado la audiencia preliminar de los exministros de la Corte Suprema de Justicia Víctor Núñez y Sindulfo Blanco. Sin embargo, ambos acusados por prevaricato plantearon un recurso para postergar la diligencia.
Los exministros fueron denunciados por Peter David Kennedy (en diciembre de 2014) por haber admitido supuestamente de manera ilegal un recuso de casación en contra de una sentencia de segunda instancia, por la cual se anuló un juicio oral por apropiación.
En la audiencia preliminar el juez penal de garantías tenía que resolver si eleva o no la causa a juicio oral. Sin embargo, Núñez y Blanco plantearon un recurso de reposición con apelación en subsidio, argumentado que existe una acción de inconstitucionalidad pendiente de resolución en la Corte Suprema de Justicia.
López rechazó el recurso, atendiendo que la acción no tiene efecto suspensivo. Ahora la decisión queda a cargo de la Cámara de Apelación y si no se admite la chicana, el juez fijará nueva fecha para la preliminar.