Debe apartarse del servicio exterior a la mediocridad afiliada y recomendada.

Los diplomáticos y los cónsules se rigen por la Ley 1335/99, según la cual están ordenados por categorías, que se extienden desde la de embajador hasta la de tercer secretario y vicecónsul. Se ingresa al servicio exterior mediante un concurso de oposición, salvo el caso de los embajadores nombrados por el Poder Ejecutivo, con acuerdo del Senado, cuando supuestamente poseen “notoria capacidad y versación para ocupar el cargo”, cuyo número no puede exceder el 50% del total de embajadores designados en el exterior. El porcentaje fijado para los cónsules en este sentido es del 20%, pero un proyecto presentado por varios legisladores también quiere elevarlo al 50%. La medida es apoyada por el Sindicato de Funcionarios y Empleados de la Cancillería, cuyos miembros aspiran a acrecer sus caudales en algún apetecible consulado, pero no así por la Asociación de Diplomáticos Escalafonados del Paraguay (ADEP) ni por el canciller Antonio Rivas Palacios. En efecto, la desprofesionalización acentuada en favor del amateurismo en el servicio exterior acentuará el clientelismo puro y duro. El servicio exterior debe fundarse en la excelencia y no en la mediocridad afiliada y recomendada.

Parece claro que el servicio exterior debe estar integrado por personas de probada idoneidad y no por advenedizos que solo cuentan con el padrino y el carnet partidario adecuados. Se dirá que lo mismo vale para los funcionarios en general, ya que la Ley N° 1626/00 dispone, al menos teóricamente, que deben poseer la capacidad necesaria para ejercer el cargo, constatada en un concurso público de oposición. La cuestión es que los diplomáticos y los cónsules se rigen por la Ley N° 1335/99, según la cual ellos están ordenados por categorías, que se extienden desde la de embajador hasta la de tercer secretario y vicecónsul,

según su antigüedad, sus méritos, su idoneidad y su rendimiento. Se ingresa al servicio exterior en cargos de la última categoría, mediante un concurso de oposición, salvo el caso de los embajadores nombrados por el Poder Ejecutivo, con acuerdo del Senado, cuando supuestamente poseen “notoria capacidad y versación para ocupar el cargo”, cuyo número no puede exceder el 50% del total de embajadores designados en el exterior.

Y bien, un proyecto de ley de los senadores colorados Arnaldo Franco y Antonio Barrios, de los liberales María Eugenia Bajac y Carlos Gómez Zelada, y de la patriaqueridista Georgia Arrúa contiene una disposición similar con respecto a los cónsules. Esto implica que el Poder Ejecutivo podrá designar en tal carácter a personas ajenas al escalafón que tengan “notoria capacidad y versación”, siempre que su número no supere la mitad del total de los cónsules designados en el exterior. El límite hoy vigente, al menos en el papel, es del 20%. Es comprensible que la iniciativa sea apoyada por el Sindicato de Funcionarios y Empleados del Ministerio de Relaciones Exteriores (Sinfuemire), cuyos miembros aspiran a acrecer sus caudales en algún apetecible consulado, pero no así por la Asociación de Diplomáticos Escalafonados del Paraguay (ADEP) ,ya que implicaría “un retroceso sin precedentes en la modernización del Estado”, según sostuvo. Tampoco está de acuerdo el canciller Antonio Rivas Palacios,

pues “perjudicaría la política exterior paraguaya”.

En efecto, la desprofesionalización acentuada en favor del amateurismo en el servicio exterior estimulará el clientelismo puro y duro, contrario a los méritos y a las aptitudes que la Academia Diplomática y Consular dice fomentar mediante cursos, seminarios y conferencias sobre política internacional, destinados a los funcionarios del escalafón.

Si la mitad del cuerpo diplomático y consular estuviera integrada por politicastros, o alguno que otro averiado recomendado, que solo sirven para dar vergüenza ajena, la política exterior sería aún más chapucera de lo que hoy resulta. No se puede esperar mucho en este campo de quienes solo hablan español o guaraní o lo ignoran todo del Derecho Internacional Público, de la Historia Diplomática del Paraguay o del comercio internacional. El requisito de la “notoria capacidad y versación” es un cuento chino, del que puede dar fe el seccionalero Héctor Figueredo, que asumió el cargo de cónsul general en Buenos Aires en noviembre de 2018 y renunció en febrero de 2019, a pedido del entonces canciller, Luis Castiglioni, a causa de una denuncia por acoso sexual. Llegó a confesar que no tenía idea de los deberes de un cónsul y que, en verdad, había esperado otro cargo, a modo de indemnización por su derrota como precandiato abdista a la Gobernación de Paraguarí.

Según revelaron entrevistas de prensa, tampoco el exintendente horqueteño Arturo Urbieta tenía idea de las obligaciones que tendría como cónsul en Ponta Porã.

Leila Afara –hija del exvicepresidente y hoy senador Juan Afara (ANR) –y Carolina D’Ecclesiis –hija del diputado Freddy D’Ecclesiis (ANR)– cobran en los consulados en Miami y Río de Janeiro, respectivamente. Mientras tanto, el presidente Mario Abdo Benítez persevera en sus designaciones desatinadas, ya que el nuevo cónsul en Mendoza (Argentina), Guillermo Yaluff, fue imputado en 2016 por lesión de confianza y apropiación indebida, habiendo reconocido los hechos y reparado el daño que generó al Estado para evitar el juicio. Tampoco su antecesor, Horacio Cartes, consideró el interés nacional cuando nombró como cónsul en Málaga a Hugo Bogado, hermano del exsenador condenado y expulsado Víctor Bogado.

Estos pocos ejemplos bastan para ilustrar que el servicio exterior es un excelente coto de caza para el prebendarismo y que se volvería aún más atractivo si el proyecto de ley referido fuera aprobado. Serán muchos los que se lancen a promover postulantes que, desde luego, tendrán una “notoria capacidad y versación” en asuntos consulares. Con toda certeza, probablemente la senadora Lilian Samaniego –muy bien representada en el cuerpo consular por su pareja, Jorge Coscia Saccarello, cónsul en Foz de Yguazú– ya tendrá varios nombres que proponer al Presidente de la República. Según el canciller Antonio Rivas Palacios, el ingreso de numerosos funcionarios en el escalafón, a raíz de la modificación legal propuesta, conllevaría un enorme costo económico. Se trata de un razonable motivo adicional para rechazar la ocurrencia en cuestión, que implicaría un marcado retroceso en lo que hace al marco profesional de la política exterior.

El servicio exterior debe fundarse en la excelencia y no en la mediocridad afiliada y recomendada.