Analizan ajustes a ley de financiamiento
La senadora Desirée Masi (PDP) informó ayer que algunos liberales y la Justicia Electoral consensúan varios ajustes a la ley de trazabilidad del financiamiento político para que entre en vigencia en las próximas elecciones municipales.
Menciona que las modificaciones guardan relación con las sanciones, no así con los controles. Considera, además, que se debe revisar la anulación de las candidaturas, duplicación del aporte privado y determinar el órgano que se encargará de ser la autoridad de aplicación y de sanción.
En cuanto a las sanciones, Masi sostiene que no tiene sentido que en el proyecto de ley se establezca una sanción de G. 25 millones, ya que muchos candidatos preferirán pagar esa suma para pasar por alto los controles.
Asimismo, afirma que existe una discusión en cuanto a la potestad que se da al Tribunal Electoral Partidario para anular las candidaturas que incumplan con la ley. En ese sentido, señala que se debe tener cuidado porque la Constitución Nacional no habla de ello y que en todo caso se debe remitir a una instancia penal.
Otra corrección que menciona la senadora es que con el proyecto de ley se duplica el aporte privado y que eso va en contra del límite de aporte de un candidato. Refiere que la norma en estudio no define una autoridad de aplicación y de sanción, ya que algunas veces es la Seprelad, la Contraloría y/o el Tribunal Electoral Partidario (TEP).
Desmiente al TSJE
La senadora desmintió al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) al decir que no es cierto que no se pueda aplicar la ley fuera del plazo (7 de marzo), antes de la convocatoria a elecciones porque no se habla en la ley de urnas o de organización de elecciones.
“Es una excusa y la Justicia Electoral ya hizo eso para no aplicar la ley actual de financiamiento”, dijo la senadora opositora. Fue al señalar que harán todo lo posible para que la norma sea sancionada en el receso.
La Cámara de Diputados fue convocada para el 4 de febrero en sesión extraordinaria para tratar los proyectos de ley de trazabilidad del financiamiento político y de las declaraciones juradas.