La Municipalidad de Asunción debe ser intervenida.

La exdirectora de Transparencia y Anticorrupción de la Municipalidad asuncena, Carina Benítez, formuló ante el Ministerio Público unas declaraciones de las que surge que el exintendente Mario Ferreiro habría encubierto la comisión de delitos en la Policía Municipal de Tránsito y en el Mercado de Abasto. Los agentes se quedaban con gran parte de las multas, mientras en el mercado se cobraba por casillas erigidas en áreas verdes sin que lo recaudado llegara a las arcas municipales. El exintendente habría cajoneado las denuncias. Otros casos similares también han surgido en esa institución. A juzgar por lo que se viene conociendo desde siempre y mucho más aún desde el escándalo que surgió en la izquierda política y que desembocó en fuertes acusaciones en la Municipalidad, la Contraloría General de la República debe hacer un exhaustivo examen especial de la administración municipal y pasar los antecedentes a la Fiscalía General del Estado. Llegó la hora de una intervención de la Municipalidad, que permita sacudir la mugre que la impregna desde hace demasiado tiempo.

La exdirectora de Transparencia y Anticorrupción de la Municipalidad asuncena, Carina Benítez, formuló ante el Ministerio Público unas declaraciones de las que surge que el exintendente Mario Ferreiro habría encubierto la comisión de delitos en la Policía Municipal de Tránsito (PMT) y en el Mercado de Abasto: los agentes se quedaban con gran parte de las multas cobradas en las barreras nocturnas montadas para el alcotest, en tanto que en el mercado se alquilaban por al menos 1.500.000 guaraníes semanales unas casillas erigidas en áreas verdes, sin que lo recaudado llegara a las arcas municipales. Estas fechorías, constatadas por la declarante en unas pesquisas generadas en 2019 por denuncias ciudadanas, eran un secreto a voces. Si el entonces intendente las ignoraba, tuvo que enterarse a más tardar cuando recibió las carpetas respectivas. ¿Qué hizo con ellas? Simplemente, las habría “cajoneado”, en vez de trasladarlas al Ministerio Público, según ordena el art. 286 del Código Procesal Penal. Tampoco les habría dado importancia alguna su jefe de Gabinete Carlos Mancuello, hoy imputado por los delitos de lesión de confianza y tráfico de influencias, en el caso de la “caja paralela” administrada, presuntamente, por dos sobrinos de Ferreiro. Se diría que quien resultó ser uno de los peores intendentes de Asunción de las últimas décadas, no solo incumplió su promesa de “castigar severamente la corrupción”, sino que incluso la apañó. En efecto, hay fuertes indicios de que si no robó, dejó robar a sabiendas. Vienen aquí a cuento ciertos diálogos telefónicos de Antonio Coscia y de Julio Duarte, directores de Planeamiento Urbano y de Vigilancia Municipal, respectivamente, con un interesado en la concesión ilegal de uno de los 16 esperpentos del paseo central de la Avenida Quinta, levantados a un costo de 2.778 millones de guaraníes. Se habló de coima –20 millones de guaraníes– y se publicaron los nombres de los pedigüeños, pero la administración municipal se limitó a formular una denuncia ante la Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción contra ¡“personas innominadas”! y a anunciar la apertura de un sumario administrativo, cuyas conclusiones se desconocen. Solo se sabe que Coscia (“Mario a mí me dijo: ‘Vos sos el dueño del proyecto’”) puso su cargo a disposición “hasta que la cuestión se aclare”, y que Duarte (“Acá se te va a dar este tema a vos (...) yo te voy a asegurar que (...) no va a ser gratis”) fue trasladado a la Terminal de Ómnibus de Asunción. Pero aparte de corrupción, hubo también derroche o ambas cosas a la vez: la ciclovía de la calle Iturbe, que casi nadie utiliza, costó 1.200 millones de guaraníes, y continúa allí pese a los inconvenientes que ocasiona a los negocios, vecinos y automovilistas, que no pueden utilizar la calle para estacionar sus vehículos. La administración de Ferreiro también fue lisa y llanamente chapucera, como se reveló en el pleito con Ivesur SA, que concluyó con un laudo arbitral que condenó a la Municipalidad al pago de 3,6 millones de dólares. La firma se abstuvo de cobrarlos a cambio de seguir realizando la inspección técnica vehicular, en tanto que su abogado, el hoy jefe del Gabinete Civil de la Presidencia Juan Ernesto Villamayor, reclama unos honorarios de 4.000 millones de guaraníes. Se recordará que el entonces asesor jurídico municipal Enrique García está hoy procesado, porque habría fraguado documentos para simular que apeló el fallo en tiempo oportuno. En la tremenda evasión tributaria –constatada por el Consorcio TX, cuyo contrato ha sido rescindido por el actual intendente Óscar Rodríguez–, se conjugan la corrupción y la ineficiencia mayúsculas. Llega a la friolera de 890.000 millones de guaraníes anuales, un monto 20 veces mayor al de la inversión física presupuestada para 2018, pero la Municipalidad se endeuda cada año para abonar los salarios y los aguinaldos de más de 8.000 funcionarios, contratados y jornaleros, en gran medida superfluos. La evasión salta a la vista: el consorcio reveló que solo mil de los 42.000 carteles publicitarios que hay en Asunción se hallan registrados, de lo que se desprende que ni a Ferreiro ni a sus antecesores se les ocurrió nunca comparar esa cantidad con la suma recaudada en tal concepto. Es más, el nuevo jefe de Gabinete, Wilfrido Cáceres, dijo que hay edificios que en la Municipalidad figuran como baldíos, lo que implica la completa falta de inspección o la incomunicación entre la oficina que otorga los permisos de construcción y la que recauda el impuesto inmobiliario. Ante tanta ineficiencia, chapucería o corrupción, el contribuyente se ha de preguntar: ¿para esto tributamos? ¿Qué es lo que hace la Municipalidad de Asunción? ¿Para qué sirve? Conviene enfatizar que la evasión tributaria no empezó con la pésima gestión de Ferreiro, sino que es de muy larga data, pero el exintendente no hizo absolutamente nada para combatirla. A juzgar por lo que se viene conociendo desde siempre y mucho más aún desde el escándalo que surgió en la izquierda política y que desembocó en fuertes acusaciones de corrupción en la Municipalidad, la Contraloría General de la República debe hacer un exhaustivo examen especial de la administración municipal, y pasar los antecedentes a la Fiscalía General del Estado. Existen demasiados elementos, varios de ellos ya conocidos y otros que van surgiendo, como para sostener que los asuncenos no se merecen administradores como los que les han tocado, y que llegó la hora de una intervención de la Municipalidad asuncena, que permita sacudir la mugre que la impregna desde hace demasiado tiempo.