Quieren seguir lucrando bajo el manto del secretismo

. El 6 de febrero entraría en vigencia la Ley N° 6535/19, que exige la previa intervención judicial para que un ciudadano pueda conocer el contenido de las declaraciones juradas de bienes y rentas de quienes ejercen una función pública. La exigencia de la intervención judicial fue desestimada en dos instancias, pero el excontralor Enrique García promovió una acción de inconstitucionalidad en contra de los fallos judiciales mencionados, y el caso sigue sin ser resuelto por la Corte Suprema de Justicia. El caso promovió un proyecto de ley en el Senado en el sentido de lo resuelto por la Justicia, pero lo que al final se sancionó y promulgó en forma automática fue una ley que vino a reforzar el requisito de la exigencia judicial para dar a conocer la declaración jurada, lo que implica un grave obstáculo para el común de los ciudadanos. En diciembre último, el Senado introdujo un cambio, en virtud del cual se elimina la previa intervención judicial, que será tratado ahora en la Cámara de Diputados.

El 6 de febrero entraría en vigencia la Ley N° 6535/19, que exige la previa intervención judicial para que un ciudadano pueda conocer el contenido de las declaraciones juradas de bienes y rentas de quienes ejercen una función pública. Incluye explícitamente, entre las facultades de la Contraloría General de la República, la de publicar los datos en su sitio web o portal digital, “una vez obtenida la autorización jurisdiccional respectiva”. La exigencia de la intervención judicial, ya contenida en la Ley N° 5033/13, que no contemplaba la difusión cibernética, fue desestimada en dos instancias en el trámite de un recurso de amparo planteado por un periodista de este diario, dado que la Contraloría había rehusado entregarle una copia de las declaraciones juradas de quienes ejercieron los más altos cargos públicos entre 1998 y 2017. Tanto el juez Penal de Garantías Rubén Riquelme como los camaristas Gustavo Santander y Pedro Mayor Martínez –con el disenso de Gustavo Ocampo– sostuvieron que el derecho de los particulares a recibir esa información debe prevalecer sobre el derecho a la privacidad de los servidores públicos,

que dar cuenta de su patrimonio beneficia más a la ciudadanía de lo que les perjudica a ellos y que la transparencia tiene que aumentar cuanto más elevada sea la función pública.

El hoy ex contralor general Enrique García promovió una acción de inconstitucionalidad en contra de los fallos judiciales mencionados, y el caso, que sigue sin ser resuelto por la Corte Suprema de Justicia, produjo en el Senado un proyecto de ley en el mismo sentido de lo hasta ahora resuelto en sede judicial. Empero, lo que al final se sancionó y promulgó en forma automática fue una ley que no hace más que reforzar el requisito de la exigencia judicial para dar a conocer la declaración jurada, lo que implica un grave obstáculo para el común de los ciudadanos. El engendro fue concebido en la Cámara Baja, la que tratará ahora un cambio introducido en diciembre último por el Senado, en virtud del cual se elimina la previa intervención judicial.

Dados los antecedentes mencionados, no debería sorprender que solo nueve de los 80 diputados hayan manifestado hasta hoy su apoyo a dicha modificación, siendo destacable que entre ellos figure el colorado Ramón Romero Roa. Esta semana, sus 42 correligionarios sentarían una postura al respecto, siendo lo más probable que decidan votar contra la transparencia, incluso los abdistas, así como se están manifestando también contra la trazabilidad de los aportes que reciben tanto los candidatos como los partidos en las campañas electorales. Estas actitudes solo pueden arrojar las sospechas más negras sobre estos legisladores.

Se recordará que, a raíz de la repulsa ciudadana, el Presidente de la República se abstuvo de poner su firma al pie de esa ley favorable al secretismo, de modo que se operó una promulgación automática por el transcurso del plazo constitucional. Es más, Mario Abdo Benítez había anunciado que promovería un proyecto de ley para que los particulares puedan acceder a las declaraciones juradas, sin tener que recurrir antes al Poder Judicial. Tal como se ven las cosas, se diría que en el movimiento Colorado Añetete su opinión importa mucho menos que el deseo de los diputados y de sus respectivas clientelas de que no salga a la luz cuánto se enriquecieron en la función pública o, en todo caso, cuántos bienes y rentas omitieron revelar a la Contraloría. Los legisladores colorados Javier Zacarías Irún, Ulises Quintana y Miguel Cuevas están encausados por el delito de declaración jurada falsa, siendo presumible que existan otros que también hayan olvidado consignar bienes y rentas incompatibles con sus ingresos formales. Por cierto, también la mayoría de los diputados liberales se opondría a la justificada curiosidad de sus conciudadanos. Entre ellos se destacaron, al ocuparse de la ley que entraría en vigencia en su versión actual, Celeste Amarilla y Édgar Ortiz, con argumentos similares: la primera enfatizó que sería “comprometedor” dar a conocer los datos de miles de compatriotas en un país donde “no se le puede ganar a la inseguridad”, mientras que el segundo apuntó que si no se exigiera una orden judicial previa, un secuestrador o asaltante conocería a través de internet el patrimonio de una persona, es decir, de alguien que ocupa un cargo público. Lo mismo dijeron en 2014 los sindicalistas de las entidades binacionales, al oponerse a la ley que obliga a consignar los salarios, los viáticos y las remuneraciones adicionales de quienes cumplen una función pública.

Se diría que quien integró la Convención Nacional Constituyente Cristina Muñoz (ANR) no estuvo muy despistada, al menos con respecto a los diputados, cuando en la Comisión Redactora formuló a sus colegas esta pregunta con respecto al deber de presentar declaraciones juradas de bienes y rentas:

“¿Ustedes creen que el Parlamento Nacional va a hacer una ley que les afecte a ellos? Hasta este momento no lo han hecho. Por tanto no lo van a hacer. Es por eso que yo insisto en que tenga rango constitucional”. Lo tuvo, felizmente, pero ahora es necesario asegurar que no solo la Contraloría, sino también cualquier ciudadano, pueda conocer el patrimonio de los legisladores o servidores públicos, por él remunerados mediante el pago de impuestos. En verdad, puede que lo aprobado por los senadores afecte a los diputados y no precisamente por cuestiones de seguridad, de modo que la opinión publica debe insistir en que el Paraguay se sume al 78% de los países que en 2012, según el Banco Mundial, publicaban las declaraciones juradas de quienes ejercen una función pública: el 91% de ellos incluía a los legisladores.

Ni el derecho a la intimidad ni la inseguridad deben servir como excusas para impedir la transparencia, que pone trabas al enriquecimiento ilícito. Los diputados que nada tengan que ocultar, en lo que al origen de sus respectivos caudales atañe, no deberían tener ningún inconveniente en que los electores conozcan sus bienes y rentas. La ciudadanía debe movilizarse, con firmeza y perseverancia, para derrotar al secretismo,

repudiando a quienes quieren continuar lucrando desde las sombras a costa del dinero de todos.