Escandalosa inacción de nuestros organismos de seguridad e investigación.
El Ministerio Público debe promover la investigación de los hechos punibles de acción pública, la Policía Nacional investigar, bajo dirección judicial, los delitos cometidos en cualquier punto del territorio nacional, y la Secretaría Nacional de Inteligencia detectar y contrarrestar las acciones de organizaciones del crimen transnacional, entre otras cosas. Es lo que se lee en sus respectivas leyes orgánicas, sin que ello suponga que se cumplen esas disposiciones, sobre todo cuando de “peces gordos” se trata. Un ejemplo patente de la desidia interinstitucional es el caso del cambista Darío Messer y del expresidente Horacio Cartes, procesados en Brasil. Desde Estados Unidos nos informan que el FBI realizó una operación encubierta que concluyó con la detención de la exdiputada Cynthia Tarragó. Tras la reciente fuga masiva de reclusos, desde Brasil se supo que la pareja del narcotraficante conocido como “Minotauro” habría intentado sobornar al menos a dos miembros del Ministerio Público. Es lamentable que las cúpulas de nuestras instituciones dependan de informes foráneos para enterarse de lo que pasa dentro de nuestras fronteras.
El Ministerio Público debe promover la investigación de los hechos punibles de acción pública, la Policía Nacional
investigar, bajo dirección judicial, los delitos cometidos en cualquier punto del territorio nacional, y la Secretaría Nacional de Inteligencia detectar, neutralizar y contrarrestar las acciones de organizaciones criminales transnacionales, entre otras cosas. Es lo que se lee en sus respectivas leyes orgánicas, sin que ello suponga que los hechos responden a sus disposiciones, sobre todo cuando de “peces gordos” se trata.
Un ejemplo patente de la desidia interinstitucional, por decir lo menos, es el caso del “cambista de cambistas” Darío Messer, sobre quien pesaba una orden de captura internacional dictada en mayo de 2018 por un juzgado brasileño primero y por uno paraguayo después. Fue imposible capturarlo durante meses y hubo que esperar una orden de prisión preventiva dictada en noviembre de 2019 por el mismo juez brasileño para que la ciudadanía sepa que habría estado prófugo gracias al auxilio económico de su “hermano del alma” Horacio Cartes, mientras ejercía la Presidencia de la República. Lo llamativo del caso es que, al parecer, también la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, se enteró recién entonces de que el exjefe de Estado compatriota –hoy imputado en el país vecino por “asociación criminal”– algo habría tenido que ver con quien lavó dinero sucio en gran escala. La jefa del Ministerio Público tuvo a bien reaccionar, por fin, enviando a cuatro agentes fiscales a conversar con sus colegas brasileños para recibir más datos acerca de los fraternales vínculos entre ambos personajes.
La Comisión Bicameral de Investigación (CBI) sobre lavado de dinero y delitos conexos atribuidos a “Darío Messer y asociados” presentó su informe final en abril de 2019, sin que el Ministerio Público haya sacado provecho de sus hallazgos: no habría aportado datos nuevos, según sostuvo en agosto la agente fiscal Liliana Alcaraz. Tampoco los habría aportado la visita al Brasil, pues se ignoran sus resultados concretos, pese a que dicho organismo debe informar a los ciudadanos de su gestión.
En noviembre, los agentes fiscales tomaron nota, gracias a una operación encubierta del Buró Federal de Investigaciones (FBI), de que la exdiputada colorada Cynthia Tarragó y su marido habrían aceptado en marzo de 2018 lavar dinero de supuestos narcotraficantes, en cooperación con el dueño de una casa de cambios pedrojuanina. El Paraguay estaría “fuera del radar norteamericano” y aquí se podría obtener “marihuana y cocaína baratas”, según la por entonces aspirante a la Intendencia Municipal de Asunción. En realidad, sus actividades habrían estado fuera del “radar” paraguayo, de modo que se necesitó una vez más el auxilio extranjero para que, esta vez, el agente fiscal de la Dirección de Asuntos Internacionales y Asistencia Jurídica Externa, Manuel Doldán, anuncie la apertura de una causa derivada de lo descubierto por el FBI, que sería “más grande de lo que se conoce”. Será enorme, pero aquí pasó desapercibido.
Parece que la ciudadanía debe seguir a la espera de lo que Brasil o Estados Unidos informen acerca de lo que hacen en el Paraguay presuntos delincuentes y de sus derivaciones judiciales en esos países. Tras la reciente masiva fuga de presidiarios se tuvo que aguardar solo dos días para tomar nota de que un equipo de investigación paraguayo-brasileño halló indicios de que la pareja del narcotraficante Sergio de Arruda Quintiliano Neto (“Minotauro”) habría sobornado o intentado sobornar a al menos dos miembros de nuestro Ministerio Público, uno de ellos el coordinador del ECI (Equipo Conjunto de Investigación), el entonces agente fiscal
Hugo Volpe. Según el documento de la Fiscalía de Ponta Porã (Brasil), remitido el 12 de diciembre a la antes citada Dirección de nuestro Ministerio Público, “la investigación criminal iniciada por autoridades paraguayas (...) había sido archivada”. Las pruebas contenidas en un pendrive habrían sido entregadas a Volpe en agosto, sin que los miembros paraguayos del ECI hayan enviado información relevante alguna al Brasil hasta el 25 de noviembre. El lunes 20 pasado,
la fiscala general del Estado entregó, por fin, al Presidente de la República documentos relativos a la investigación brasileña, lo que habría motivado la renuncia de quien ya era viceministro de Política Criminal, el citado Volpe. ¿Habría dado Sandra Quiñónez tal paso si no hubiera ocurrido el espectacular escape? Sea cierto o no que Volpe fue sobornado con un bolígrafo azul, parece claro que el Ministerio Público debió haberlo investigado de inmediato. Según el agente fiscal Doldán, la información brasileña llegó a sus manos recién el 7 de enero, en sobre cerrado y con carácter confidencial, pero fue abierto recién ¡dos semanas después! Los datos contenidos en él bien podrían haber sido recogidos por nuestros propios organismos sin el auxilio exterior.
Haciendo paralelismos, la Policía Nacional “no supo” del prófugo delincuente argentino Ibar Pérez Corradi, quien residía en nuestro país desde 2012 y fue capturado en Foz de Yguazú cuatro años después. Acusado por narcotráfico y por un triple homicidio, había comprado de agentes policiales documentos paraguayos de identidad falsos, en tanto que oficiales superiores afincados en Ciudad del Este, cuyos nombres fueron dados a conocer, le vendieron protección. Los oficiales de más bajo rango fueron penalmente sancionados, pero no así los segundos. Asimismo, el narcotraficante y asesino Marcelo “Piloto” Pinheiro reveló haber vivido en la capital esteña durante cinco años, gracias a que pagaba al hoy ex comisario general Abel Cañete: “él me avisaba cuando la Policía del Brasil venía a buscarme”, dijo.
Está visto así que la escandalosa ineficiencia de los órganos mencionados no es atribuible a la falta de recursos humanos y materiales, sino a la corrupción rampante, que degrada al país hasta el punto de que las cúpulas dependan de instituciones foráneas para enterarse de lo que acontece dentro de nuestras fronteras, en el ámbito de sus respectivas competencias. Hace falta, por tanto, una cirugía mayor en nuestros órganos de seguridad y de investigación.