No más intendentes sinvergüenzas.

Ni el presidente de la República ni los gobernadores pueden ser reelectos, pero sí los intendentes. Por tanto, conviene que la ciudadanía juzgue con mucha atención el desempeño de los actuales que vuelvan a postularse en las elecciones internas simultáneas del 12 de julio y en las municipales del 8 de noviembre, como también a los que pretenden incursionar por primera vez como jefes comunales. Sería deplorable cometer el grave error de votar de nuevo por quien ha demostrado ser corrupto, inepto o indolente en el ejercicio del cargo. En su caso, ya no se podrá alegar que se incurrió en la ingenuidad de creer en falsas promesas, pues sus acciones u omisiones ya están a la vista de los interesados en el bien público y en el propio. Ya se sabe qué se puede esperar de quienes malversaron royalties y recursos del Fonacide, permitieron la masiva evasión de impuestos, amañaron licitaciones o practicaron el nepotismo y el prebendarismo, mientras descuidaban calles y plazas, se olvidaban de la salubridad, toleraban “cajas paralelas” o autorizaban ocupaciones de bienes de dominio público municipal.

Ni el presidente de la República ni los gobernadores pueden ser reelectos, pero sí los intendentes, por un periodo de más de cinco años, consecutivo o alternado. Por tanto, conviene que la ciudadanía juzgue con mucha atención el desempeño de los actuales que vuelvan a postularse en las elecciones internas simultáneas del 12 de julio y en las municipales del 8 de noviembre, como también a los que pretenden incursionar por primera vez como jefes comunales. Sería deplorable cometer el grave error de votar de nuevo por quien ha demostrado ser corrupto, inepto o indolente en el ejercicio del cargo. En su caso, ya no se podrá alegar que se incurrió en la ingenuidad de creer en falsas promesas, pues sus acciones u omisiones ya están a la vista de los interesados en el bien público y en el propio. Ya se sabe qué se puede esperar de quienes malversaron royalties y recursos del Fonacide, permitieron la masiva evasión impositiva, amañaron licitaciones o practicaron el nepotismo y el prebendarismo, mientras descuidaban calles y plazas, se olvidaban de la salubridad, toleraban “cajas paralelas” o autorizaban ocupaciones de bienes del dominio público municipal. Y, sin embargo, en 2015 fueron reelectos, por ejemplo, los intendentes colorados Sandra McLeod (Ciudad del Este) y Miguel Silvera (Borja), así como los liberales Horacio Ortiz (Ypané), Raúl Mendoza (San Antonio), hoy encausados por hechos punibles perpetrados en el periodo anterior, entre 2010 y 2015. Es bueno que los lambareños no hayan reelecto al colorado Roberto Cárdenas, también procesado, mientras que su sucesor, el liberal Armando Gómez, está imputado. Esto implica que no debería excluirse que esas tristes historias se repitan y que los votantes de más de un municipio vuelvan a confiar en quienes en los últimos años se han valido de la Intendencia para el enriquecimiento ilícito, propio o ajeno, o simplemente para jactarse de ocupar un alto cargo.

Los ingresos municipales generados por los tributos y las transferencias estatales no son despreciables, incluso en aquellos diminutos gobiernos locales que han sido creados en violación de la Ley N° 3966/10. Aumentaron mucho desde 1992, cuando la Constitución les asignó el 70% del impuesto inmobiliario que recauden, luego de transferir el 15% restante al departamento respectivo y el otro 15% distribuirlo entre las Municipalidades de menores recursos. Si a ello se agregan los royalties y el dinero del Fonacide, se comprende que el cargo de Intendente sea hoy bastante apetecible para quienes aspiran a llenarse los bolsillos, con la complicidad necesaria de los concejales y confiando en que ni la Contraloría General de la República ni el Ministerio Público habrán de esmerarse para cumplir con sus respectivos deberes. Si esta es la realidad, hay razón de más para que los vecinos examinen de cerca la actuación de sus munícipes, para constatar no solo cuanto el intendente haga o deje de hacer, sino también para conocer el patrimonio que tenía al asumir el cargo y el que adquirió después. Se trata de una tarea que la gente debería proponerse recurriendo a los mecanismo legales de participación ciudadana, sin confiar a ciegas en que los ediles cumplan con su obligación. Tampoco debe quedarse de brazos cruzados aguardando que la Municipalidad sea intervenida por la Cámara de Diputados, pues en esta instancia suele haber componendas que nada tienen que ver con la ejecución presupuestaria ni con el manejo de los bienes. Los intendentes son de elección popular desde 1991, y si a ello se suma que los fondos municipales han venido aumentando, resulta que la descentralización político-administrativa ha sido acompañada por la del latrocinio. Como es obvio, ya no se roba solo desde el Palacio de López o desde los Ministerios, sino también desde los gobiernos locales. Aquí es grande la responsabilidad que cabe a los habitantes del municipio, siendo la primera la de informarse para elegir bien al intendente de turno. Ya no hay excusas para desentenderse del interés general, so pretexto de que no se puede saber lo que ocurre en la administración comunal. La libertad de prensa, así como un par de leyes relativas a la transparencia en la administración pública, permiten vencer el secretismo que buscan los que tienen algo que ocultar y que incluso lo hacen valer ante la Contraloría, al no rendir cuentas del dinero del Fonacide ni de los royalties. También las radioemisoras locales pueden hacer mucho para que la población se entere de cómo se maneja su dinero, tal como lo ha hecho una del municipio de Mayor Otaño, acompañando la ejemplar protesta estudiantil contra el intendente Pedro Chávez, quien habría malversado recursos destinados a la educación.

Es de suponer que el susodicho no se atreverá a candidatarse otra vez, así como otros de su misma índole, pues hay señales alentadoras de que en los últimos tiempos la ciudadanía ya se está hartando y movilizando contra el saqueo de las arcas municipales. Se ha robado y se está robando mucho en la administración municipal. Es hora de poner coto a la codicia de quienes anteponen sus propios intereses a los de los habitantes a quienes prometieron servir. Solo poniendo bajo la lupa a los candidatos a intendente puede la ciudadanía poner término al festín con los recursos públicos que se han dado los munícipes durante tantos años.