Disfrazan pagos extras en empresas públicas
El segundo aguinaldo, cuyo pago se prohibió en 2016, se siguió abonando en las empresas públicas, aunque con otra denominación, según la revisión presupuestaria efectuada por el Consejo de Empresas Públicas.
El referido organismo asesor del Poder Ejecutivo es la instancia encargada de establecer y coordinar la política nacional de administración integral de las empresas públicas. Está presidido por el ministro de Hacienda, Benigno López.
Ayer, en horas de la tarde, López recibió a las máximas autoridades de las empresas públicas para hacer una revisión de los beneficios que abonan al personal y que por el decreto que reglamenta el presupuesto 2020 fueron limitados como parte de un proceso “de racionalización y mejora del gasto público”.
El ministro informó que ahora tienen toda la información de la que antes no disponían y que están analizando la problemática que tienen las entidades. Para ello, la reunión se llevó a cabo con cada institución por separado, en la que el primero en entrar fue la ANDE
y luego Petropar.
Adelantó que existen situaciones llamativas y mencionó como ejemplo que el segundo aguinaldo, como se lo llamaba antes, cuyo pago fue prohibido en 2016 ante las críticas de la ciudadanía, se seguía pagando con otro nombre, aunque no supo o no quiso decir cuál.
De acuerdo con los antecedentes, la prohibición fue anunciada en 2016 por Santiago Peña, entonces ministro de Hacienda, atendiendo que se abonaba hasta dos aguinaldos extraordinarios y en diciembre el aguinaldo establecido en el Código Laboral, por lo que los funcionarios terminaban percibiendo tres en el año.
El pago de estos beneficios, sin embargo, continuó denunciándose posteriormente a través de la prensa, porque los pasaron bajo el concepto de gratificaciones y, últimamente, con el ropaje de subsidio familiar.
El ministro López indicó que el nuevo decreto reglamentario restringe estos pagos apuntando a la mejora del gasto, ya que son beneficios muy cuestionados por la ciudadanía. Además sostiene que la normativa tiene fuerza legal, porque si los entes fueran tan autónomas como dicen no tendrían que esperar “la bendición” para pagar. “Por lo visto hay algo de razón en el decreto y entonces nosotros creemos que tenemos que avanzar, seguir hablando con ellos”, dijo y añadió que en 15 días tendrán las conclusiones. Dejó en claro que no quiere ninguna guerra y está abierto al diálogo para mejorar los servicios públicos. “Este decreto es para todo el Estado, pero estamos viendo que sólo afecta a las empresas públicas, eso quiere decir que todo el resto tiene un manejo más racional del presupuesto”, afirmó.