Fiscalía accionó para evitar que se blanquee al senador
Desde el 17 de setiembre está en la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia una acción planteada por la fiscala Josefina Aghemo contra el fallo del tribunal de Apelación de Ciudad del Este que blanqueó al senador Javier Zacarías Irún (ANR, cartista) al confirmar el archivamiento de un pedido de reapertura de una investigación por enriquecimiento ilícito contra el legislador colorado.
A fines de agosto pasado, los camaristas de Ciudad del Este, Isidro González, Mirian Meza de López y Stella Maris Zárate fueron los que resolvieron archivar la investigación de supuesto enriquecimiento ilícito contra Zacarías Irún.
Esta Cámara de Apelaciones mencionada ratificó la decisión del juez penal de la Adolescencia Marino Méndez, quien igualmente el 14 de junio había rechazado el pedido de los fiscales Osmar Legal, Josefina Aghemo, Sussy Riquelme y Claudelina Corvalán, de reabrir una investigación contra el senador cartista por supuesto enriquecimiento ilícito.
Los camaristas había utilizado los mismos argumentos del juez Méndez para rechazar la apelación del Ministerio Público y quienes solo se refirieron a la prescripción.
Opinión del camarista
Por su parte, el camarista Isidro González dijo que la Fiscalía “no hizo nada” y que dejó prescribir el caso.
González explicó que el delito de enriquecimiento ilícito había prescripto en el 2017, al haber transcurrido el plazo máximo que es de 10 años, según dispone la ley. Este plazo debe computarse desde el momento en que supuestamente se cometió el delito, en alusión al cargo de intendente de Ciudad del Este que había ocupado Zacarías Irún.
El camarista también indicó que hay dos resoluciones de la exintendenta de Ciudad del Este Sandra McLeod en las que nombra a Zacarías Irún como “asesor ad honorem” en la Municipalidad, pero no prueban que el senador sea funcionario público.
Pero el Ministerio Público sostiene que el citado Tribunal de Apelaciones no fundamentó razonadamente la prescripción que benefició al legislador colorado y que, además, no tuvo en cuenta otros elementos esgrimidos por la Fiscalía.
Ante estos argumentos es que se planteó la inconstitucionalidad que desde setiembre está cajoneada en la Sala Constitucional.