Motivos para ocultar de dónde sale la plata

La negativa vergonzante de los partidos tradicionales, en especial algunos parlamentarios de la Asociación Nacional Republicana (ANR), de transparentar el financiamiento político de sus campañas proselitistas se debe a que significaría para ellos dejar atrás prácticas atávicas y “normalizadas”.

Notablemente, los mismos dirigentes revelan cada tanto, sin querer queriendo, que incumplen las leyes vigentes. Es obvio que mucho menos querrán adecuarse a normativas más estrictas.

Es verdad de perogrullo que cuando existe voluntad política todas las dificultades se allanan fácilmente. Eso no está ocurriendo con el proyecto de ley de financiamiento político que debe tratarse en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del próximo 4 de febrero.

Las excusas son variadas, pero ninguna convincente. Aluden, por ejemplo, a que hay muy poco tiempo para su aprobación e implementación. Lo cual, no hace más que revelar que jamás se les ocurrió ocuparse mucho antes de una cuestión que debería ser clave para los partidos políticos: el origen del dinero sucio que corre en las campañas. El desinterés en tratar este tema da pie para la desconfianza ciudadana y la presunción de que existe complicidad.

Hablando sin micrófono de por medio con algunos dirigentes políticos, uno advierte que ninguno de ellos desconoce lo extraño que resulta la gran cantidad de plata que corre en las campañas políticas y que nadie pregunte (a veces porque no hace falta) de dónde sale. Curiosamente, cada político generalmente acusa a sus adversarios y estos a él, lo cual lleva a considerar que la mayoría está metida en el negocio.

El problema es que quien financia, en algún momento, querrá cobrar el favor, de cualquier manera y eso afecta directamente el aporte de los contribuyentes, especialmente para pagar salarios de operadores y planilleros y también millonarias licitaciones que hace ricos a algunos empresarios de ocasión, de la noche a la mañana.

Un ejemplo del manejo particular de los políticos y el dinero en las campañas lo dio Horacio Cartes. El 26 de julio de 2015 el diputado Pedro Alliana y el propio Cartes dijeron públicamente, en sus discursos, tras ganar la interna colorada para la presidencia del partido, que era “la primera vez (sic) que una campaña se hizo sin dinero del Estado”.

Eso reveló, en primer término, que en todas las elecciones anteriores, los colorados hicieron uso del dinero público en su campaña. Lo curioso vino después, cuando la ANR rindió cuentas de sus gastos electorales y el dinero que puso Cartes no aparecía en los registros. ¿Olvido? ¿Modestia? Es difícil creer que Cartes y Alliana hayan mentido. Lo más probable es que ese financiamiento no haya sido legalmente registrado.

El 29 de mayo de 2018 contó nuevamente que Cartes respaldó con mucho dinero la campaña electoral de Mario Abdo Benítez. Fue al reprocharle a los dirigentes del movimiento Añeteté porque no dejaban jurar al exmandatario como senador, pese a la plata con la que este contribuyó, según dijo. Ese dinero tampoco apreció luego en el informe de la ANR a la Justicia Electoral.

A esto hay que agregarle los casos judiciales, como el que afecta al diputado Ulises Quintana y al supuesto narco Cucho Cabañas y asesinatos como el del periodista Pablo Medina de parte del narco devenido intendente colorado de Ypejhú, Neneco Acosta o las acusaciones de lazos mafiosos que se prodigan dirigentes liberales en Amambay.

Este panorama explica abundantemente por qué algunos no quieren que se aclare el origen del dinero que corre en las campañas. Hacerlo significaría para ellos admitir lazos con el crimen organizado o la utilización del presupuesto público para sus intereses. Una cuestión que, obviamente, no quieren que se haga demasiado pública, por más que todos lo sepamos.