Corte ordena auditoría por liberación de procesados
El Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia dispuso una auditoría de gestión del caso cuádruple homicidio en la estancia Taguato. Es por la decisión del Tribunal de Apelación de Filadelfia que, el 31 de diciembre del año pasado, benefició con el arresto domiciliario a dos de los procesados.
Ante la publicación de ABC Color sobre “presuntas irregularidades de los jueces del Tribunal Apelación de Filadelfia, Fidelino Aquino, Leonardo Páez y Eduardo Medina, la máxima instancia judicial ordenó una auditoría de gestión inmediata, a fin de constatar la existencia o no de anomalías en el proceso.
Los magistrados otorgaron la prisión domiciliaria al chofer Alberto Chamorro Barreto y el funcionario del Senacsa Miguel González Abreu, dos de los imputados por el cuádruple homicidio ocurrido el año pasado en la estancia “Taguato”, ubicada a 35 kilómetros de Teniente Pico y a 140 kilómetros de Mariscal Estigarribia, en el departamento de Boquerón.
La orden para indagar la actuación de los magistrados fue remitida a la Dirección General de Auditoría de Gestión Jurisdiccional por el Dr. Eugenio Jiménez Rolón.
Fidelino Aquino, Leonardo Páez y Eduardo Medina, integrantes del Tribunal de Apelación, revocaron la prisión de ambos y les otorgaron el arresto domiciliario el último día hábil del año pasado (31 de diciembre).
Ambos beneficiados están procesados por el homicidio de Alcibiades Desiderio Ayala Coronel (73), su esposa Francisca Nidia Núñez Romero (71) y sus dos nietos pequeños, el año pasado en la estancia “Taguato”.
Según las investigaciones, Chamorro habría contratado dos camiones transganado para trasladar los animales que fueron robados de la estancia y Abreu falsificó las guías de traslado de las cabezas de ganado.
JEM inició investigación
Ayer, también el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados abrió una investigación preliminar ante la presunta
actuación irregular de los jueces, al beneficiar con el arresto domiciliario a ambos procesados, y solicitó que se remitan las compulsas actualizadas del expediente, en el plazo de 24 horas.
Fiscal fue recusado
El pasado 10 de enero, el abogado Ricardo Ramírez Caballero, defensor de uno de los procesados, recusó al
fiscal de la causa Andrés Arriola y presentó también una denuncia en su contra ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
El agente se apartó de la investigación, se designó un fiscal interino para continuar con el caso, pero hasta la fecha la recusación sigue pendiente de resolución por parte de la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez.