Tierra de nadie.

Si la inseguridad reina en todo el país, en el Amambay alcanza niveles tales que ya permitirían calificarlo de tierra de nadie. No pasa una semana sin que se tengan noticias de algún sangriento crimen cometido impunemente por sicarios de la mafia del narcotráfico. Según el Ministerio del Interior, en 2019 se registraron 138 homicidios, la cifra más alta de la última década. Es evidente que el monopolio estatal de la fuerza legítima ha sido allí superado por la violencia del crimen organizado. Si hay mucho que hacer para que la Policía Nacional cumpla con su deber de preservar el orden público, no sería mala idea empezar por depurarla de sus agentes al servicio de la delincuencia. Cabe preguntar también si la Dirección General de Migraciones cumple con su deber de aplicar la Ley N° 978/96, que establece las condiciones para el ingreso y la residencia de extranjeros en nuestro país. Habrá que diseñar una estrategia que impida que el Paraguay se convierta en un Estado “fallido” al ceder a la mafia el control de una parte importante de su territorio.

Si la inseguridad reina en todo el país, en el Amambay alcanza niveles tales que ya permitirían calificarlo de tierra de nadie. No pasa una semana sin que se tengan noticias de algún sangriento crimen cometido impunemente por sicarios de la mafia del narcotráfico, como el de la madrugada del martes en Capitán Bado, que causó dos muertos y cuatro heridos. Según el Ministerio del Interior, en 2019 se registraron 138 homicidios –la cifra más alta de la última década–, de los cuales la Policía Nacional (PN) solo ha resuelto 20, hasta ahora. Este año empezó con cuatro asesinatos perpetrados en cinco días, en un departamento que solo tiene cinco municipios y unos 170.000 habitantes. Es evidente que el monopolio estatal de la fuerza legítima ha sido allí superado por la violencia del crimen organizado, que podría extenderse a amplios sectores de la población, generando todo un estilo de vida propio del “lejano oeste”. Ocurre que donde no impera la ley formal, rige la del más fuerte, y cuando los ladrones o los asesinos no van a la cárcel, las víctimas o sus allegados pueden ser tentados a hacer justicia por mano propia.

Si hay mucho que hacer para que la PN cumpla con su deber de preservar el orden público, no sería una mala idea empezar por depurarla de sus agentes al servicio del crimen organizado. En octubre último, se reveló que 40 de ellos, en su mayoría residentes en el Amambay y encabezados por el comisario principal Edelio Loreiro, jefe de una comisaría de Pedro Juan Caballero, habrían vendido protección al narcotraficante brasileño Levi Adriani Felicio, expulsado ese mismo mes. Cuando la ciudadanía se entera de algo así, se pregunta de inmediato cuántos uniformados más estarían hoy haciendo lo mismo desde sus puestos de trabajo. Es bien sabido que el sueño dorado de muchos agentes de Policía es ser trasladado a ese departamento, en lo posible a su capital. Los ingresos irregulares anexos al salario compensan largamente el riesgo de exponerse a la pavorosa inseguridad. Las organizaciones brasileñas Primer Comando da Capital y Comando Vermelho, que han sentado firmemente allí sus reales y se proyectan a otros lugares, sobre todo en las cárceles regionales, pueden ser muy generosas a la hora de retribuir la ayuda policial oportuna, que se da de muchas maneras, incluyendo la provisión de documentos de identidad falsificados en el propio Departamento de Identificaciones de la PN.

Muchos de sus cabecillas son “residentes permanentes” en el Paraguay, lo que mueve a indagar si la Dirección General de Migraciones (DGM) cumple con su deber de aplicar la Ley N° 978/96, cuyo art. 12 concede esa residencia solo a los extranjeros que ingresen “con el fin de desarrollar cualquier clase de actividad que las autoridades consideren útiles al desarrollo del país”. De hecho, entre esas actividades, el art. 13 no menciona el narcotráfico, el asesinato ni el soborno, que son las actividades preferidas de estos “inmigrantes”. Por cierto, al art. 6° prohíbe de entrada admitir en el territorio nacional a quienes sufrieron más de dos años de cárcel o tienen antecedentes penales, ni a “los que se dediquen al tráfico ilegal de drogas y los que fomenten su uso o lucren con ellas”. Está visto que esta importante disposición es letra muerta para los policías y los funcionarios de la DGM.

Por lo demás, es presumible que la mafia brasileña refuerce su presencia en nuestro país, en la medida que

Jair Bolsonaro siga aplicando “mano dura” en materia de seguridad, tal como ya se anticipó cuando asumió el Gobierno. Es cada vez más probable que el Paraguay se convierta en “amparo y reparo” del crimen organizado, de modo que se entiende que al Brasil no le puede resultar indiferente que el hampa encuentre aquí un refugio ideal.

Claro que, como el crimen organizado ya reclutó a numerosos “soldados” paraguayos, también habrá que prestar atención a las andanzas de estos compatriotas, para lo cual sería útil que la Dirección General de Inteligencia Policial emplee mejor a sus informantes, si es que los tiene en el Amambay y en las diversas prisiones. Dado que la frontera seca facilita la fuga de los sicarios, habrá que aumentar la cooperación con las autoridades del país vecino, que no parece ser lo bastante fluida, según lo denunciado en torno al “cajoneo” en el Ministerio Público de datos aportados desde Ponta Porã sobre cierto contacto de la pareja del célebre delincuente “Minotauro”.

El procedimiento de expulsión, desde uno y otro lado de la frontera, debe ser expeditivo, en tanto que urge que la oficina conjunta de la PN y de la Policía Federal brasileña sea reforzada. Pero también habría que ir más allá del mundo del hampa y seguir de cerca el desempeño de los agentes fiscales y de los magistrados del Amambay, así como el de quienes ejercen cargos electivos, incluyendo a quienes ocupan cómodas poltronas en las Cámaras del Congreso Nacional. Se recordará que en 2015, los exconcejales departamentales César Quevedo y José María Bogado fueron sorprendidos escoltando una carga de cocaína y que, un año antes, una comisión del Senado había vinculado a la diputada amambaiense Concepción Cubas de Villaalta con el narcotráfico, lo mismo que a su colega Bernardo Villalba, exjuez en Pedro Juan Caballero. El exdiputado colorado suplente por Amambay

Carlos Sánchez (“Chicharõ”), quien ya tuvo problemas con la Justicia brasileña y con la paraguaya, llegó a ingresar en el mismísimo “Mburuvicha Róga” durante el Gobierno anterior, teniendo orden de captura.

El enfoque debería ser amplio. Entretanto, sería prioritario encarar de una vez por todas la “desinfección” de los agentes de la PN, anunciada por el ministro del Interior,

Euclides Acevedo, e incluir también a los de la DGM. Se trata de una tarea de la que siempre se habla, pero de cuyos resultados poco se sabe, que ya no puede ser demorada, porque, sin duda, la fuga masiva ocurrida en la cárcel pedrojuanina provocará un fuerte aumento del ya alarmante índice de criminalidad en esa región. Habrá que diseñar una estrategia que impida que el Paraguay se convierta en un Estado “fallido” al ceder a la mafia el control de una parte importante de su territorio, debido a la corrupción, la ineptitud y la desidia de sus autoridades.