Con testigos y documentos se prueba implicancia de Camilo, según fiscalía
La fiscalía ofrece varios testimonios y un cúmulo de documentos para probar la implicancia del acusado Camilo Soares en un millonario perjuicio a la Secretaría de Emergencia Nacional. Hoy está previsto el inicio del juicio oral, luego de casi diez años de la imputación.
Soares, según la acusación fiscal, en su carácter de ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional (durante el gobierno de Fernando Lugo), con la ayuda de Alfredo Guachiré, adquirió entre los días 21 y 24 de diciembre de 2009, por compra directa: arroz, harina de trigo, azúcar, yerba mate, fideo, poroto rojo, aceite comestible, sal yodada, panificados y maní, de las empresas Camica SRL, Beltrom SA, María Gloria SRL, San Benito,M&FS Ay Marina del Sol SRL. La adquisición se hizo por precios muy superiores al valor de los mismos productos que compró la SEN, en modalidad de compra directa, en fecha 17 de diciembre de 2009 de las firmas Distrimerc y San Cayetano. Solo hay 4 días de diferencia entre una compra y otra, dice el escrito.
La Secretaría de Emergencia, a consecuencia de las adquisiciones hechas, entre el 21 y el 24 de diciembre de 2009, sufrió detrimento negativo en su patrimonio de G. 943.666.500.
“Se arriba a la conclusión lógica de que estas operaciones, consistentes en la adquisición de productos alimenticios, fueron a un precio superior al comparar con la operación realizada por al SEN el 17 de diciembre de 2009, cuando Soares –en su carácter de ordenador de gastos– autorizó la adquisición de estos mismos productos (con las mismas especificaciones técnicas) cuatro días antes de las compras hechas entre el 21 y el 24 de diciembre, a un precio menor”, refiere la acusación.
“Hay evidencia de que Camilo Soares ordenó –cuatro días después– la compra de los mismos productos a un precio mayor, los cuales fueron adquiridos de dos de las empresas que habían sido dejadas de lado en la compra directa del 17 de diciembre de 2009, por ofertar más alto, como son las firmas María Gloria SRL y M&F
La fiscalía también ofrece como pruebas en la acusación contra Soares y Guachiré, además de los testimonios, órdenes de pago y otros documentos. La acusación será sostenida por la fiscala Victoria Acuña. El juicio se intentó comenzar en febrero de 2017, por el Tribunal Presidido por el juez Juan Carlos Zárate.
SA”, refiere la Fiscalía.
Soares, como ministro de la SEN, designado como tal por decreto del Ejecutivo, tenía la obligación de proteger el patrimonio.
La fiscalía sostiene que la responsabilidad de Soares fue corroborada con los testimonios de María Fátima Torres Ferreira y Sonia Lucina Insfrán Paredes, representantes de las firmas Distrimerc y Distribuidora San Cayetano. Las testigos dijeron que sus empresas estaban en condiciones –de haber sido nuevamente adjudicadas por la SEN para las compras del 21 y 24 de diciembre de 2009– de proveer los mismo productos, con las mismas especificaciones técnicas, por los mismos precios vendidos en fecha 17 de diciembre de 2009.
El Ministerio Público puntualizó que además no había urgencia de adquirir los productos y para ello se sustenta en la declaración de Fátima Torres. La misma dijo que no había lugar en el depósito de la SEN, porque estaba lleno de mercaderías.
Soares, dice la acusación, el 17 de diciembre de 2009 pagó 2.832.456.900. Si embargo, por los mismos productos y la misma cantidad abonó G. 3.776.123.400, lo que arroja una diferencia de G. 943.666.500.
El otro hecho atribuido a Soares y Guachiré es la adquisición de panificados (coquitos y palitos) a precios superiores a compras realizadas el 25 de mayo de 2009 y el 16 de diciembre de 2009. La lesión al patrimonio de la Secretaría fue de G. 281.309.600. El entonces ministro de SEN autorizó el 23 de junio de 2009, que se compre de la empresa Grimex SA 18.000 kilos de coquito a G. 8.000 el kilo. Sin embargo, solo un mes después, en julio, dispuso la compra de palitos y coquitos a G. 8.900 el kilo.
La fiscalía resalta que Soares estuvo comprando coquitos a G. 5.500 el kilo y G. 6400. Entonces, como precio promedio la fiscalía fijó G. 5.900 por kilo.