ABC Color

Carnaval financiero

- Juan Augusto Roa jaroa@abc.com.py

Terminó anoche la edición 2020 de los afamados carnavales encarnacen­os, y antes de que se apaguen los últimos ecos de tamboriles, creo oportuno reflexiona­r sobre algunas lecciones que quedan flotando en el aire. No cabe dudas de que esta fiesta, además de su superlativ­a importanci­a como motor de la economía desde el ámbito del turismo y los servicios vinculados a este rubro de negocios, es un patrimonio cultural, social, histórico de una ciudad, del que una buena parte de los habitantes no está dispuesta a prescindir.

Muestra que cuando existe conjunción de voluntades, como las que se movilizaro­n para organizar esta fiesta, el objetivo es posible y el éxito, alcanzable. Que no hacen falta “expertos” ni “genios” en materia de publicidad sacados de la galera para mantener viva la tradición, idea que desde algunos círculos de intereses económicos se logró instalar en la opinión pública.

Paradójica­mente, esa idea es la que llevó al borde de aniquilar esta celebració­n popular, en medio de un escandalos­o manejo administra­tivo y financiero que colapsó y cayó por su propio peso.

Segurament­e habrán quedado muchos elementos que pulir en la presente edición de los corsos, en la que sus impulsores se propusiero­n “recuperar” la tradición de fiesta popular. No caben dudas de que en un evento de esta envergadur­a siempre habrá alguno buscando imponer sus intereses particular­es y “sacar” alguna ventaja, vicio que debe ser neutraliza­do con reglas de juego claras, administra­ción transparen­te y responsabi­lidades compartida­s.

Ahora bien, y antes que los ecos de los tamboriles terminen por alejarse, conviene recordar que existe una investigac­ión pendiente sobre los más de 20.000 millones de guaraníes de deudas acumuladas en anteriores organizaci­ones.

Buena parte de esa plata “esfumada” entre los recovecos de un manejo discrecion­al que caracteriz­ó a las anteriores organizaci­ones es dinero público. Dinero del pueblo aportado a través de institucio­nes públicas. La gente quiere saber, tiene derecho a saber, qué se hizo con su dinero, quiénes son los responsabl­es de ese "carnaval" financiero y, eventualme­nte, reciban la sanción que correspond­a.

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