Concejales pro taxistas
Prácticamente en cada sesión semanal de la Junta Municipal de San Lorenzo los concejales dan muestra de que no son representantes de los ciudadanos. Durante los últimos cuatro años se pasaron legislando sin criterio, de manera antojadiza y hasta acomodando leyes a intereses propios, de grupos o de los “amigos”, aportando más que nada al caos que en favor de la Ciudad Universitaria, la cuarta más poblada de nuestro país.
Una de las últimas pruebas del pésimo actuar de los ediles fue la aprobación de la ordenanza número 232/2019 por la cual se reglamenta la habilitación, permisión y prestación de las aplicaciones de transporte alternativo, como UBER y MUV. El proyecto fue presentado por el cuestionado concejal colorado Nelson Peralta y apoyado por el pleno.
Los artículos de la ordenanza y la exposición de cada edil en la sesión de la Junta evidencian que actuaron de acuerdo a los intereses de los privilegiados taxistas.
La ordenanza está plagada de requisitos descabellados, como que la plataforma digital debe estar asentada en la ciudad. Con esto solo busca desalentar el servicio de trasporte alternativo para mantener el monopolio del servicio de taxi.
“Que aprobemos o no, se le va a afectar a 52 personas como máximo (que serían los choferes de UBER y MUV de San Lorenzo), y vamos a quedar súper bien con las cerca de 1.500 paradas de taxis que están en San Lorenzo. Entonces para evitar problemas y cortar los dimes y diretes, que se apruebe”, dijo en la sesión el concejal Federico “Freddy” Franco, precandidato a intendente municipal por el PLRA.
No cualquier interesado puede acceder a una parada de taxi, ya que se debe comprar y la venta o alquiler es al mejor postor. Tener la venia de los concejales para conseguirlo, no es gratis.
A esto se suma el casi nulo control del servicio por la Municipalidad. Muchos siguen sin utilizar taxímetros, usurpan espacios públicos, como veredas, banquinas y otros sitios.
Los concejales deben entender que no están para legislar a favor de sectores, sino de los ciudadanos, que cada día salen de sus casas para trabajar a fin de poder pagar sus impuestos, estudiar o cumplir otros compromisos. Son los mismos que reclaman un buen servicio de transporte alternativo y tienen el derecho de elegir.
Así las cosas, lo único que falta es que los ediles pretendan subsidiar con el dinero del pueblo el servicio de taxis, así como lo hace el Estado con el desastroso trasporte público de pasajeros.