EDITORIAL

Autoridades sin palabras reclaman más poderes para manejar la economía.

El Poder Ejecutivo anunció que en marzo venidero presentará al Congreso un paquete de cuatro proyectos de ley que abarcan aspectos sensibles del manejo del déficit fiscal, el endeudamiento público, los fondos de jubilaciones y pensiones y la funcionalidad de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD). Los dos primeros buscan otorgar mayor discrecionalidad al Ministerio de Hacienda a la hora de elevar el déficit fiscal del Estado (gastar más y financiarlo con nuevas deudas), así como aumentar el nivel de endeudamiento del país sin necesidad de tener que recurrir en cada caso al Poder Legislativo. Estas pretensiones no son nuevas y ninguna autoridad anterior se atrevió a plantearlas ante el alto peligro que representan. En el caso de la actual administración, la intención es aún más osada cuando ni bien asumió prometió no tocar los impuestos, sin embargo, planteó un paquetazo tributario con la promesa de presentar una profunda reforma de los gastos, cosa que tampoco ocurrió. Los hechos demuestran que no se puede poner en manos de este Gobierno un arma que podría resultar letal para todos los paraguayos.

El Poder Ejecutivo anunció que en marzo venidero presentará al Congreso un paquete de cuatro proyectos de ley que abarcan aspectos sensibles del manejo del déficit fiscal, el endeudamiento público, los fondos de jubilaciones y pensiones y la funcionalidad de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD). Los dos primeros buscan otorgar mayor discrecionalidad al Ministerio de Hacienda a la hora de elevar el déficit fiscal del Estado (gastar más y financiarlo con nuevas deudas), así como para aumentar el nivel de endeudamiento del país sin necesidad de tener que recurrir en cada caso al Poder Legislativo. Estas pretensiones no son nuevas y ninguna autoridad anterior se atrevió a plantearlas ante el alto peligro que representan. En el caso de la actual administración, la intención es aún más osada cuando ni bien asumió prometió no tocar los impuestos, sin embargo, planteó un paquetazo tributario con la promesa de presentar una profunda reforma de los gastos, cosa que

tampoco ocurrió. Los hechos demuestran que no se puede poner en manos de este Gobierno un arma que podría resultar letal para todos los paraguayos. La Ley N° 5098 de Responsabilidad Fiscal fue aprobada en el 2013 con el objeto de poner cierto freno al despilfarro del sector público. Básicamente, dispone que la Administración Central del Estado no puede cerrar con un déficit fiscal (más gastos que ingresos financiados con endeudamiento) superior al 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB) durante cada ejercicio, que actualmente representa unos US$ 600 millones anuales. El objetivo de la norma era evitar que la irresponsabilidad de cualquier administrador de turno eleve desmesuradamente los gastos públicos y endeude al país de manera galopante. Y en la práctica el instrumento legal ha sido de mucha utilidad, aunque la deuda se haya duplicado en poco menos de un decenio. Pero a partir del año pasado, so pretexto de la necesidad de aplicar medidas contracíclicas ante la ralentización de la economía, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, pidió una autorización excepcional al Congreso para superar el mencionado tope, tal como lo establece la normativa, la cual le fue concedida. De esa manera, el 2019 culminó con un déficit fiscal del 2,8% del PIB, saldo negativo que superó el tope base por primera vez en la historia desde la aprobación de la Ley de Responsabilidad Fiscal. Está por verse en qué medida esto ha contribuido a la recuperación de nuestra economía. Aún así nuestras autoridades ya predicen que será difícil volver al tope original del 1,5% del PIB, vaticinando con ello que se viene otro pedido de autorización legislativa. El Ministerio de Hacienda anticipó que remitirá en breve al Congreso un proyecto que buscará cambiar diametralmente la ley vigente. La meta fundamental es que el Ejecutivo tenga la potestad de elevar el saldo negativo del Estado sin necesidad de recurrir al Parlamento. De esta manera, el tope se mantendrá en el 1,5%, pero eventualmente se podrá elevar al 3% anual, siempre y cuando se cumplan algunas condiciones y limitaciones más laxas. Esto le permitirá manejar con amplia discrecionalidad multimillonarios recursos presupuestarios en dólares. Las cláusulas gatillo que se proponen como supuestos condicionamientos previos para recurrir al aumento del déficit son solo distractores que permiten obtener el manejo discrecional de uno de los indicadores más importantes que ha permitido mantener la estabilidad del Paraguay en los últimos años. El otro polémico proyecto, aunque aún no se conocen mayores detalles, busca que el Ejecutivo tenga la autorización permanente de endeudar al país, fundamentalmente mediante la emisión de bonos, también sin la obligación de pedir autorización al Congreso en cada caso. La excusa es que con ello el Estado ampliará su oportunidad de conseguir tasas ventajosas en los mercados internacionales a fin de reestructurar las deudas públicas. El argumento que aparenta ser inocente y loable, sin embargo, en manos de autoridades irresponsables podría desatar un festival de endeudamientos para satisfacer apetitos egoístas, incentivar negociados o brindar atención a la clientela política en épocas electorales. Además, no se debe ignorar que el artículo 202 de la Constitución Nacional asigna al Congreso la potestad exclusiva de aprobar o rechazar la contratación de empréstitos. El manejo prudente del déficit fiscal y del endeudamiento son condiciones ineludibles para conservar un Estado sano y eficiente. El presidente Abdo Benítez y su hermano, el ministro de Hacienda, Benigno López, carecen de autoridad moral para recibir tamaña discrecionalidad. El Jefe de Estado, por mentir al país cuando en un discurso público prometió no tocar los impuestos e inmediatamente impulsar una ley para elevarlos, y el ministro por jurar que a cambio del paquete tributario se presentarían planes de austeridad en los gastos, pero solo se conformaron sendas comisiones interinstitucionales que terminaron en la nada. Más allá de discursos rimbombantes sobre la distribución racional del gasto público, siguen los nombramientos, malgastos en compras y contrataciones públicas, politiqueros de cuarta en cargos importantes, solo por citar algunos despropósitos. Cortando estos desmanes, sobrará dinero en el sector público. Autoridades sin palabra no garantizan un uso racional y prudente de estos amplios poderes que se pretenden. La sacrificada ciudadanía no merece ser sometida a tan alto riesgo.