Deuda multimillonaria del IPS es fruto de gestión desastrosa y corrupta.

Que el IPS vaya a endeudarse para pagar deudas resume, en buena medida, una gestión desastrosa de muy larga data. Se suceden los Gobiernos y los Consejos de Administración, pero la entidad se mantiene fiel a sí misma, es decir, a la corrupción y la ineficiencia supinas. Debe a sus proveedores y a firmas constructoras la friolera de 500.000 millones de guaraníes, de modo que recurrirá a un préstamo bancario para abonarles al menos 200.000 millones. Entretanto, se ignora qué está haciendo para cobrar el aporte obrero-patronal a 15.979 empresas y a cuánto asciende el impago que, en muchos casos, se remonta hasta 2015, siendo presumible que hoy sea mucho mayor que cuando, a mediados del año pasado, 8.026 firmas debían al IPS 684.341 millones de guaraníes. Como esta suma ya superaba en mucho la adeudada, se puede concluir que si hubiera buscado su cobro judicial, no habría necesitado apelar a una operación financiera como la mencionada. Es probable que si le resultara imposible cumplir con nuevos compromisos financieros, la mejor solución sea la de “bicicletear”. Dado que el IPS no compite con nadie, sigue tan campante en su ambiente de corrupción e ineficiencia, para mal de sus asegurados y para bien de sus asalariados.

Que el Instituto de Previsión Social (IPS) vaya a endeudarse para pagar deudas resume, en buena medida, una gestión desastrosa de muy larga data. Se suceden los Gobiernos y los Consejos de Administración, pero la entidad se mantiene fiel a sí misma, es decir, a la corrupción y la ineficiencia supinas. Debe a sus proveedores y a firmas constructoras la friolera de 500.000 millones de guaraníes,

de modo que recurrirá a un préstamo bancario para abonarles al menos 200.000 millones. Entretanto, se ignora qué está haciendo para cobrar el aporte obrero-patronal a 15.979 empresas y a cuánto asciende el impago que, en muchos casos, se remonta hasta 2015, siendo presumible que hoy sea mucho mayor que cuando, a mediados del año pasado, 8.026 firmas debían al IPS 684.341 millones de guaraníes. Como esta suma ya superaba en mucho la adeudada por la entidad, se puede concluir que, si hubiera buscado su cobro judicial, no habría necesitado apelar a una operación financiera de la que su gerente de prestaciones económicas, Pedro Halley, dice no tener la menor idea. Es probable que tampoco sepa qué hará el IPS tras haber devuelto con intereses el dinero prestado, al cabo de un año. No parece que si le resultara imposible cumplir con nuevos compromisos financieros, la mejor solución sea la de “bicicletear”, pues se trata de un deporte impracticable por tiempo indefinido, al menos en el sector privado. Sería mejor perseguir a los morosos, entre los que también figura –y en primer lugar– el propio Estado.

Según el art. 17° de la Carta Orgánica del IPS, el aporte estatal “será del 1,5%, calculado sobre el monto de los salarios sobre los cuales imponen los empleadores”. En marzo de 2019, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, admitió al respecto una “deuda histórica” de 40 años y encargó, tanto al IPS como al Ministerio de Hacienda, elaborar un proyecto de ley sobre la estrategia financiera para saldarla. El exjefe del Consejo de Administración Armando Rodríguez anunció que el proyecto sería remitido al Congreso dentro del plazo de un mes, que la estrategia consistiría en emitir bonos soberanos para reforzar el “fondo de reserva de las jubilaciones” y que los intereses por los años en que el Estado no satisfizo su deuda serían cobrados “de forma líquida”, una vez aprobada la iniciativa. Dado que tal proyecto nunca llegó al Congreso, habrá que seguir aguardando que el Estado pague alguna vez cuanto debe. Si durante cuatro décadas ni el Poder Ejecutivo ni el Legislativo se interesaron en esta cuestión, sin ni siquiera incluir cada año una modesta partida en el Presupuesto nacional, lo honesto sería derogar de una vez por todas la citada norma: de hecho, está de más.

Por de pronto, sin perjuicio de encarar la reforma del sistema de jubilaciones, lo urgente es que el IPS pueda pagar a sus acreedores de hoy y de mañana, para lo cual destina el 39% de sus ingresos mensuales de 100 millones de dólares. Debería recaudar más, no solo forzando el pago de las firmas registradas, sino también combatiendo, con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, la informalidad laboral, que llegaría al 60%. Según datos proporcionados por el gerente Halley, la evasión rondaría los 120 millones de dólares mensuales; es más, el 70% de quienes aportan lo hace sobre el salario mínimo, lo que implicaría una subdeclaración a gran escala. Estas dos tareas urgentes –cobrar a los deudores y atacar la evasión– suponen tanto aumentar la eficiencia del personal como perseguir la corrupción rampante. ¿Cabe alguna duda de que se hace la vista gorda ante los morosos y los infractores? Más aún, como las licitaciones amañadas conllevan un sobrecosto para compensar el soborno anexo, es presumible que el IPS no debería tanto si sus funcionarios y autoridades trataran de ser más honestos o, al menos, más atentos al adjudicar contratos. La familia Chamorro, dueña de las célebres firmas Bullers SA y Security Service Technology SA, cobró en los últimos diez años más de 362.000 millones de guaraníes. Por tanto, si el dinero no alcanza para estar al día con los proveedores ni con las firmas constructoras, habría que transparentar el mecanismo mediante el que se decide pagar a unos y poner a otros en la lista de espera.

Dado el descontrol reinante, no sería raro que haya acreedores en mora con el aporte obrero-patronal, en cuyo caso jamás tuvieron que contratar con el IPS. Por otra parte, es llamativo que los representantes de los empleadores en el Consejo de Administración, a lo largo de los años, no se hayan ocupado mucho, aparentemente, de que sus representados cobren lo que se les adeuda y que estos no hayan pegado el grito al cielo de vez en cuando, tal como los acreedores del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, muchos de los cuales lo serían también de la entidad previsional. Puede que las relaciones institucionales y personales forjadas a lo largo de décadas contribuyan a que sean tan pacientes, sin perjuicio de que teman ser excluidos de futuras licitaciones si tuvieran la osadía de reclamar el pago judicial. Es claro que no mostrarían la misma actitud ante deudores del sector al que pertenecen y que una aseguradora privada ya estaría en quiebra si se viera obligada a endeudarse para pagar medicamentos u obras de infraestructura.

El art. 95 de la Constitución dice que “los servicios del sistema de seguridad social podrán ser públicos, privados o mixtos, y en todos los casos estarán supervisados por el Estado”. Esta norma no ha sido reglamentada aún por una ley, de modo que los trabajadores están impedidos de elegir:

tienen que aportar necesariamente a una entidad pública que presta un pésimo servicio. Se dirá que una privada cobrará mucho más a sus “clientes”, pero habrá que permitir, con todo, que la gente opte, tal como lo prevé la norma citada.

Dado que el IPS no compite con nadie, sigue tan campante en su ambiente de corrupción e ineficiencia, para mal de sus asegurados y para bien de sus asalariados.