Mercado de Abasto, un ejemplo de la caótica administración municipal.

El informe de la Contraloría General de la República sobre la administración municipal asuncena, durante el truncado mandato del exintendente Mario Ferreiro, señala tal cúmulo de irregularidades que bien cabe calificarla de una de las peores de las últimas décadas. La culpa es compartida por la Junta Municipal. La negligente y corrupta gestión del Mercado de Abasto ejemplifica cuán deplorable ha sido el desempeño de quienes fueron elegidos en 2015 para que el Gobierno local sirva a los vecinos con eficiencia y honestidad. En el referido informe se lee que los vendedores permisionarios adeudaban a la Municipalidad, hasta el 31 de diciembre de 2019, casi 3.000 millones de guaraníes, suma equivalente al 25% del Presupuesto del mercado. Se han venido señalando también otras muchas corruptelas, entre las que cabe mencionar que se alquilaban por 1.500.000 guaraníes mensuales casillas erigidas en áreas verdes, pero lo recaudado no llegaba a las arcas municipales. La culpa del desastre no es atribuible solo a Mario Ferreiro, sino también a quienes debían controlar su administración, es decir los concejales.

El informe de la Contraloría General de la República sobre la administración municipal asuncena, durante el truncado mandato del exintendente Mario Ferreiro, señala tal cúmulo de irregularidades que bien cabe calificarla de una de las peores de las últimas décadas. La culpa es compartida por la Junta Municipal, que el año pasado programó y ejecutó en paralelo un Presupuesto de 106.000 millones de guaraníes ignorando la “división de poderes”, que autorizó la emisión de bonos sin planes de inversión que justifiquen el endeudamiento, y que, sobre todo, nunca cumplió con su deber de controlar a la Intendencia. La negligente y corrupta gestión del Mercado de Abasto ejemplifica cuán deplorable ha sido el desempeño de quienes fueron elegidos en 2015 para que el Gobierno local sirva a los vecinos con eficiencia y honestidad.

En el referido informe se lee que los vendedores permisionarios adeudaban a la Municipalidad, hasta el 31 de diciembre de 2019, casi 3.000 millones de guaraníes, suma equivalente al 25% del Presupuesto del mercado: en los dos últimos meses del año anterior, nadie se ocupó de cobrarles el canon correspondiente, pese a no estar exonerados. La magnitud de la cartera morosa induce a preguntarse si la omisión es atribuible a la desidia o al soborno. En uno u otro caso, es manifiesta la responsabilidad del intendente, quien tenía el deber legal de “recaudar e invertir los ingresos de la Municipalidad”, así como la de los concejales, quienes podían solicitarle datos con respecto a “cualquier cuestión relacionada con el funcionamiento de la Municipalidad”.

Cuando la Contraloría inició sus pesquisas al concluir el último año, su director general de Control de Organismos Departamentales y Municipales, Nelson Salinas, dijo que los responsables de las eventuales irregularidades serían el exintendente Ferreiro y el exdirector del Mercado de Abasto, Carlos Galarza. En verdad, también lo serían los 24 concejales, en la medida en que hicieron la vista gorda ante una serie de viejas corruptelas que eran un secreto a voces. Entre otras, se alquilaban por 1.500.000 guaraníes semanales, como mínimo, unas casillas erigidas en áreas verdes: lo recaudado no llegaba a las arcas municipales, según constató el año pasado la exdirectora de Transparencia y Anticorrupción, Carina Benítez, tras denuncias ciudadanas.

O sea que la Municipalidad no cobraba el canon de ley, pero unos avivados se embolsaban sumas considerables gracias a arrendamientos irregulares. La institución tampoco tenía noticias de que se vendían mercaderías de contrabando ni de que las casillas eran subalquiladas. En efecto, tras el incendio del Bloque C, ocurrido en octubre de 2017, salió a la luz que unos 240 vendedores no estaban registrados y que los permisionarios de hecho eran muchos más que los 1.650 oficiales: ¡eran más de 3.500!, lo que suponía una evasión de nada menos que 36.000 millones de guaraníes anuales, el triple de lo ingresado por la Municipalidad. Esa práctica contraria a la Ordenanza N° 89/98 continuó con toda impunidad: en diciembre de 2019, este diario publicó la foto de un cartel con el que una permisionaria daba en venta un local del mencionado bloque, y se escucharon audios de funcionarios municipales ofertando locales por montos millonarios. Pero la administración municipal nada sabía... o no quería saber. Tan es así que, de acuerdo al informe de la Contraloría, ni siquiera tiene un inventario actualizado de los locales que operan en el mercado, es decir, allí se puede comercializar sin pagar el canon correspondiente, a plena luz del día. No obstante, ahora se sabe que 56 de ellos funcionan sin el respaldo de un contrato de concesión o con permisos de uso vencidos. En 2019 se habrían invertido en el mercado 6.966 millones de guaraníes, lo que equivalió a la mitad de la suma presupuestada, pero el abastecimiento de agua potable es insignificante, no se realizan trabajos de mantenimiento en los caminos internos ni en las veredas y, salvo el Bloque C, todos los otros carecen de equipos para prevenir incendios y prestar primeros auxilios, así como de sistemas de seguridad para permisionarios y clientes. ¡Es increíble! Lógicamente, la Municipalidad no se multa a sí misma.

El informe de la Contraloría, en el que intervinieron 33 auditores que formularon 197 “observaciones”, desnuda una administración municipal caótica, cuya expresión elocuente es un mercado que ha sido intervenido más de una vez, sin que haya dejado de ser una cueva de ladrones. Como es obvio, los interventores siempre han contado con el visto bueno de los corresponsables de la calamidad allí reinante, o sea, el intendente y los concejales. La Junta Municipal es incapaz de poner bajo la lupa la gestión del primero porque también allí se cuecen habas. No quiere ejercer su función de control porque, como es vox populi, hay ediles que tienen asignadas ciertas Direcciones, como si fueran cotos de caza. En tal sentido, el Mercado de Abasto sería bastante rentable. El contralor general Camilo Benítez Aldana sostiene que es inconcebible que la Junta Municipal tenga 1.500 funcionarios. Quienes deben velar por el buen uso del dinero de los contribuyentes asuncenos son de otra opinión: para ellos, “la caridad empieza por casa”, es decir, por sus respectivos intereses particulares, pues aparte de digerir una buena dieta, los más audaces pueden participar en algún canal de recaudación paralela o gestar una licitación amañada, entre otras fechorías.

En suma, la culpa del desastre no es atribuible solo a Mario Ferreiro, sino también a quienes debían controlar su administración. La ineptitud y la corrupción que la han caracterizado se reflejan cabalmente en el Mercado de Abasto. Solo resta averiguar qué hará la Municipalidad para cobrar con intereses los casi 3.000 millones de guaraníes pendientes de pago y si formulará una denuncia penal por la presunta comisión del delito de lesión de confianza, entre otros. Lo más probable es que, como siempre, el carnaval continúe sin problemas.