A Marito le pagan el sueldo todos los paraguayos, no solo los colorados.

Aunque haya sido elegido como candidato de una agrupación política, en este caso el Partido Colorado, parece obvio que el Presidente de la República debe estar al servicio del país, al igual que todo funcionario público. Es a lo que suelen comprometerse quienes han llegado al Palacio de López, tal vez porque lo crea necesario para disipar las dudas que puedan tener sus conciudadanos a la luz de la experiencia histórica. Empero, no es raro que desmientan lo antedicho con su conducta y no solo porque acostumbran otorgar canonjías a sus correligionarios, sin atender méritos y aptitudes, sino también porque su desempeño al frente del Estado no suele estar disociado de su condición de afiliados o de líderes de algún movimiento interno. Tanto el Palacio de López como Mburuvicha Róga suelen ser frecuentes sedes de actividades políticas coloradas. El Presidente de la República debe respetar y hacer respetar la dignidad del cargo, al menos en la sede de sus funciones. El desatino obliga a señalar, por si haga falta, que en los jardines del Palacio de López flamea la bandera paraguaya y no precisamente la colorada.

Aunque haya sido elegido como candidato de una agrupación política, en este caso el Partido Colorado, parece obvio que el Presidente de la República debe estar al servicio del país, al igual que todo funcionario público. Es a lo que suelen comprometerse quienes han llegado al Palacio de López, tal vez porque lo crean necesario para disipar las dudas que puedan tener sus conciudadanos a la luz de la experiencia histórica. Empero, no es raro que desmientan lo antedicho con su conducta y no solo porque acostumbran otorgar canonjías a sus correligionarios, sin atender méritos ni aptitudes, sino también porque su desempeño al frente del Estado no suele estar disociado de su condición de afiliados o de líderes de algún movimiento interno. El estatuto de la ANR dice que el Presidente de la República puede participar en la convención partidaria con voz pero sin voto, lo que no impide que influya notablemente en su desarrollo, sin que para ello tenga que asistir al evento. Pero Nicanor Duarte Frutos hizo algo más: en 2008, violó con desparpajo el art. 237 de la Constitución, al jurar como presidente de la Junta de Gobierno, con el beneplácito de la acomodaticia Corte Suprema de Justicia. Renunció casi de inmediato, pero el daño institucional ya fue consumado. Quiso demostrar que podía estar a la vez en la procesión y en el campanario, porque así le dio la gana. Horacio Cartes no llegó a tanto, pero en vísperas de los comicios municipales de 2015 instó a los colorados a “teñir de rojo el país”, demostrando un sectarismo que quizás creyó oportuno para que sus oyentes olviden que su carnet de afiliado era muy nuevo. No hablemos de la época de la dictadura, cuando, a diario, los seccionaleros de todo el país desfilaban por el Palacio de López para traer su adhesión al “único líder”. Y bien, tampoco Mario Abdo Benítez deslinda bien su papel de jefe del Poder Ejecutivo del que es propio de un dirigente colorado común y corriente. No intervino en la convención extraordinaria de marzo de 2019, limitándose a compartir un asado con los participantes, pero dos hechos posteriores pueden valer como ejemplos de la falencia referida. El primero aconteció en agosto de ese mismo año, cuando recibió a diputados colorados en la residencia oficial de Mburuvicha Róga, para “consolidar la unidad colorada” y bloquear el pedido de juicio político, a cambio de nombramientos. Es comprensible que el Presidente de la República haya tratado de impedir su destitución, pero no así que el tema de la unidad partidaria haya sido tratado en unas instalaciones solventadas por todos los contribuyentes. El sitio adecuado para abordar esa cuestión era la sede de la ANR, donde al mediodía del último lunes se reunieron presidentes de seccionales coloradas con Horacio Cartes para ocuparse del mismo asunto, luego de que el Jefe de Estado los haya recibido nada menos que en

el Palacio de Gobierno –costeado por todos los contribuyentes– con el mismísimo objeto. Lo hizo, además, en horas de oficina, distrayendo su atención de cuestiones de interés nacional. Se le paga un sueldo para ocuparse, en todo caso, de la unidad paraguaya y no de la de un partido, aunque sea el suyo.

El Presidente de la República debe respetar y hacer respetar la dignidad del cargo, al menos en la sede de sus funciones. No está allí para emitir mensajes como el de que “el partido tiene que unirse y aprender de las lecciones del pasado”, sino para conducir el país en el marco de su competencia. El desatino obliga a señalar, por si haga falta, que en los jardines del Palacio de López flamea la bandera paraguaya y no precisamente la colorada. Valga el dato adicional de que uno de los visitantes fue el presidente de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), Édgar Melgarejo, a quien se le paga para que dirija, coordine y administre dicho órgano y no para que, como “asesor” del Consejo de Presidentes de Seccionales Coloradas, abandone sus labores remuneradas para ocuparse de otros asuntos. La mayoría de los demás seccionaleros también están enchufados a algún cargo público. ¿Les preguntó Mario Abdo Benítez qué hacían allí, en vez de estar trabajando?

El art. 60 de la Ley Nº 1626/00 prohíbe a los funcionarios “trabajar en la organización o administración de actividades políticas en las dependencias del Estado”. Aunque el jefe del Poder Ejecutivo no sea uno de ellos y ninguna norma prohíba explícitamente que en el Palacio de Gobierno se realice un encuentro político-partidario, resulta claro que quien lo ocupa debería tener el decoro de someterse a una prohibición similar. En todo caso, forjar la unidad de la ANR corresponde al actual presidente de su Junta de Gobierno, el diputado

Pedro Alliana. No debe confundirse el Estado con un partido ni, mucho menos, con un movimiento interno. Siendo el administrador general del país, el jefe de Estado no puede ser a la vez jefe de un partido o de un movimiento interno. La Constitución le impide ejercer cargos públicos o privados, remunerados o no, así como ejercer el comercio, la industria o alguna actividad profesional, “debiendo dedicarse en exclusividad a sus funciones”. Mal podría prohibirle que hable de política, pero es evidente que la ley fundamental quiere que se concentre en el tratamiento de asuntos de interés general, sin dedicarse a concertar la unidad de un partido en Mburuvicha Róga o el Palacio de López, como adalid de un movimiento interno. Menos mal que los militares se han institucionalizado y permanecen en sus cuarteles, pues de lo contrario podríamos estar lamentando una vez más la vigencia de la tristemente célebre trilogía “Gobierno–Partido–Fuerzas Armadas”.