Inédita suspensión de abogados chicaneros
El Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia resolvió suspender en sus funciones a ocho profesionales del derecho, entre uno a seis meses. La mayoría de los abogados fueron sancionados por “chicaneros”.
Los abogados suspendidos en el ejercicio de la profesión son: Clarice Adriana Sánchez Santacruz,
Víctor Hugo Morel
López, Lirna Erna Carolina Insfrán Santacruz, Rolando Salinas Pastore, Hermes Rubén Pérez Morales y Bernardina Daniela Cuevas de Mendoza. La sanción para los mencionados es por el plazo de un mes.
Asimismo, fueron suspendidos por la máxima instancia judicial los profesionales del derecho Darío Ramón Fernández Ayala, por el plazo de dos meses, y Diosnel Darío Alarcón Escalada, quien tiene dos sanciones, una por el plazo de un mes y la otra por seis meses.
La mayoría de los abogados fueron sancionados por litigar de mala fe, mientras que otros por contar con condenas por la comisión de un hecho punible y el resto por cobrar honorarios y no realizar el trabajo. Los suspendidos no podrán litigar hasta que cumplan la pena aplicada por el Consejo.
El superintendente general de Justicia,
Rafael Monzón, comunicó sobre la suspensión a los profesionales abogados a las diferentes circunscripciones judiciales del país, que a su vez tendrán que informar de la sanción a los juzgados.
En caso que estos abogados sigan ejerciendo la profesión mientras estén suspendidos, los actos jurídicos serán nulos y será causal de un nuevo sumario, ya que se considera una falta grave.
La resolución fue tomada por el Consejo durante la presidencia de Eugenio Jiménez Rolón.
Monzón informó que durante el 2019, la oficina de Superintendencia General de Justicia recibió 4.077 denuncias contra funcionarios judiciales, auxiliares de justicia y magistrados. Del total, 3.671 fueron remitidos con informes preliminares al Consejo de Superintendencia y se instruyeron 2.415 sumarios, de los cuales hubo 2.229 dictámenes finales, es decir, el 85% del total de sumarios realizados.
Un Tribunal de Sentencia condenó a un abogado “mau” a una pena de 360 días multa, tras declararlo culpable del hecho punible de uso de documento público de contenido falso. Se trata de Claudio Roland Romero, quien deberá pagar un total de 108 millones de guaraníes.
La sentencia fue dictada por el Tribunal presidido por Manuel Aguirre e integrado con Blanca Gorostiaga y Lourdes Peña. El fiscal Giovanni Grisetti pidió una condena de 3 años de cárcel.
En su declaración indagatoria ante el colegiado, Romero no sólo admitió los hechos sino que reveló que pagó 6 millones de guaraníes por obtener la matrícula, en el año 2004.
“Yo no soy el único, hay mucha gente acá con matrícula con mi misma situación, hay funcionario público, algunos socios de cooperativa, muchas cosas pero eso después voy a contar”, agregó, para luego declararse arrepentido y afirmar que posteriormente decidió estudiar la carrera hasta recibirse como abogado.
El fiscal Grisetti pidió una condena de 3 años de cárcel –la expectativa de pena es de hasta 5 años– tras destacar la energía criminal utilizada, pues además de jurar ante el entonces ministro Miguel Oscar Bajac y obtener una matrícula, intervino en nada menos de 64 expedientes.
Grisetti destacó el grave daño causado a la imagen del sistema de justicia, en especial la Corte Suprema de Justicia, además de poner en peligro la confianza en los profesionales del Derecho.