Se habrían dilapidado 70 millones de dólares
El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) está gestionando el cobro de una póliza de US$ 6,5 millones por el incumplimiento de contrato de la portuguesa Mota Engil en la obra del fallido metrobús. Sin embargo, la cartera habría pagado cerca de US$ 70 millones en total, entre las construcciones inconclusas de infraestructura en la ruta PY02 Mcal. Estigarribia, por “fiscalizaciones”, “estudios” y “asesorías”.
El Ing. Augusto Ríos Tonina, frentista de la fallida obra y denunciante de los incumplimientos de la obra ante el propio organismo financiador, el Banco Interamericano de Desarrollo (el MICI del BID), recordó ayer en conversación con ABC Color que la obra costó mucho más de lo que el MOPC podría recuperar con la póliza.
De hecho, para financiar el proyecto, el gobierno de Horacio Cartes había accedido a préstamos por un total de US$ 125 millones del BID (en 2013 fueron tomados en préstamo US$ 47.000.000 y luego US$ 78.000.000), que se sumaron a otro crédito de US$ 19.000.000 de la Organización de los Países Exportadores de Petróleo para el Desarrollo Internacional (OFID), en 2011.
Según los datos manejados por Ríos Tonina, quien accedió a la auditoría que llevó a cabo el MICI en su momento, también se usaron fondos de otro proyecto, llamado “Escuela Viva”, por cerca de US$ 18 millones.
¡Pagaron por seis asesorías!
Así, del dinero del BID fueron pagados unos US$ 23 millones a Mota Engil en concepto de “anticipos”; se dilapidaron otros US$ 5 millones en “estudios” previos y US$ 5 millones más en “fiscalizaciones”. No hay un detalle preciso de cómo se usaron los US$ 37 millones restantes, pero los datos del MICI mostraron que gran parte del dinero se utilizó en al menos seis consultorías de asesores, acotó Ríos Tonina.
Pero todo esto no sirvió para que la obra avance y se quedó finalmente en apenas 800 metros de metrobús de los 11 km que debía tener en los tramos 2 y 3 adjudicados a Mota. Lo citado no contempla los millonarios daños sufridos por casi 300 comercios y frentistas ni la pérdida de empleo de unas 2.000 personas, en casi tres años de trabajo en la avenida y que causó incomodidades a usuarios.