De auditoría varada en CGR dependen demandas por fracasado metrobús
La Procuraduría anunció que eventuales demandas contra funcionarios involucrados en el fracaso del metrobús dependen del resultado de la auditoría que lleva a cabo la Contraloría General de la República (CGR). El problema es que la CGR “indaga” el caso, sin resultados, desde hace más de un año.
El contralor general de la República, Camilo Benítez Aldana, informó ayer a nuestro diario de manera escueta que la institución “está culminando” el informe del metrobús y que “en abril saldrá”. De esta auditoría, que comenzó en octubre de 2018, hace exactamente un año y cuatro meses sin que se muestren a la fecha resultados, depende la demanda de la Procuraduría General de la República (PGR) contra los responsables del fracaso del metrobús. Al menos es lo que dijo ayer, por su parte, el procurador Sergio Coscia a ABC Cardinal.
Estarían en la mira, además de la empresa contratista Mota Engil, los funcionarios del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) involucrados. El exministro Ramón Jiménez Gaona fue quien dio la orden de inicio sin que se tenga un proyecto técnico serio, además de varios otros que fueron aprobando la adjudicación, supuestas “fiscalizaciones” y “auditorías” en las que se dilapidaron más de US$ 50 millones en total, sin tener siquiera una cuadra de obra terminada. De los 11 km de metrobús que debían tener los tramos 2 y 3, Mota
Engil apenas terminó 800 metros en casi tres años.
Pese a ese incumplimiento, la empresa portuguesa demandó al Estado paraguayo en dos instancias internacionales y exige un resarcimiento de US$ 25 millones. Por su lado, MOPC le emplazó a la firma a pagarle unos G. 40.000 millones por el incumplimiento del contrato. Ayer se supo que Mota no realizó ni un depósito, por lo que ahora se espera que la aseguradora Royal SA, vinculada al exjefe de Gabinete de Horacio Cartes Juan Carlos López Moreira, se haga cargo de pagar por los daños. Sergio Coscia cree que los trámites para el cobro no deben superar los 30 días.
Una vez que se confirme que Moga Engil no pagó al MOPC, este iniciará los trámites del siniestro para cobrar la póliza. Ya había colacionado a la empresa y a la aseguradora, pero ninguna de las dos respondió.
La traumática obra del bus de tránsito rápido (BTR) denominado metrobús tuvo una larga y tediosa discusión desde que el gobierno de Fernando Lugo la elaboró en 2009; su aprobación total fue bajo la presidencia de Horacio Cartes, en el año 2013 (ver infografía) y su suspensión ocurrió en el actual gobierno de Mario Abdo Benítez en 2018.
El proyecto tuvo numerosos cuestionamientos desde todos los sectores sociales. El primero fue el tipo de combustible que iba a utilizar el sistema. Se había optado por el diésel, pese a que nuestro país es uno de los mayores productores de energía limpia. También se cuestionó el trayecto, que en el tramo 1, según ingenieros consultados, ni siquiera iba a poder ejecutarse en la calle Herrera, como se proyectó, porque no da el ancho de la vía en zona céntrica.
La obra dejó casi 300 comercios cerrados en la Av. Mariscal Estigarribia y 2.000 trabajadores sin empleos.