Yacyretá se sigue rifando entre la clientela política y los parientes.

En enero de 2019, la EBY tenía 700 funcionarios argentinos y 2.050 paraguayos, incluidos los 164 incorporados por su director Nicanor Duarte Frutos en tres meses de gestión. Un año más tarde, nuestros muy bien retribuidos compatriotas ya sumaban 2.202, de modo que los mayores gastos de personal atribuibles al citado expresidente de la República ascienden hasta ahora a 3.590 millones de guaraníes en concepto de sueldos y beneficios adicionales. Por supuesto, estas mayores erogaciones no saldrán de los bolsillos del titular de la EBY. Entre los nuevos funcionarios figuran parientes o colaboradores de la primera dama, del Vicepresidente de la República y de legisladores y políticos colorados conocidos, cuyos nombramientos se realizaron en forma generalmente irregular. Pisotear allí la Constitución y las leyes se suele justificar con el argumento de la “binacionalidad”. Nos preguntamos si alguna de las numerosas instituciones que deben investigar e impartir justicia le pondrán el “cascabel al gato”, o si seguiremos soportando indefinidamente el asalto legalizado a recursos que legítimamente les corresponden a los ciudadanos.

En enero de 2019, la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) tenía 700 funcionarios argentinos y 2.050 paraguayos, incluidos los 164 incorporados por su director Nicanor Duarte Frutos en tres meses de gestión. Un año más tarde, nuestros muy bien retribuidos compatriotas ya sumaban 2.202, de modo que los mayores gastos de personal atribuibles al citado expresidente de la República ascienden hasta ahora a 3.590 millones de guaraníes, en concepto de sueldos y beneficios adicionales. La EBY afirma que, desde agosto de 2018, “solo” ingresaron 243, pero sus documentos internos dicen que fueron 316. Entre los nuevos privilegiados figuran un ex agente fiscal de Ciudad del Este, dos exdiputados, un ex concejal departamental de Itapúa, un exgobernador del Guairá, una familiar de los legisladores colorados Lilian y Arnaldo Samaniego y tres parientes de Gloria Penayo de Duarte Frutos, la cónyuge del titular de la EBY. Gozan de unas remuneraciones mensuales que se extienden desde 8 millones hasta 62.096.485 de guaraníes, suma esta que casi duplica la que percibe el propio jefe de Estado. Uno de los afortunados es Juan Carlos Duarte, amigo cercano del vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, y acusado en 2004 de haber pedido sobornos a casas de cambio esteñas.

El exclusivo responsable de las recientes incorporaciones –no intervino el Consejo de Administración– sostiene sin ruborizarse que “el nepotismo es brutal” en la EBY, pero negó haber violado la Ley N° 5295/14, que le prohíbe “nombrar o contratar (...) a cónyuges, concubinos y parientes comprendidos hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad”, salvo que se cumpla con “las normas legales que regulen el acceso a la función pública”. Admitió sí haber contratado y comisionado a una tía de su esposa, que “siempre trabajó en el área social, en la artesanía”, a pedido de la ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Carla Bacigalupo, “porque estaba trabajando allí”; fue contratada por 9 millones de guaraníes, según dijo, y habría vuelto a su lugar de trabajo con un sueldo quizá mucho mayor que el que allí cobraba. Se trata de una artimaña, en virtud de la cual y

gracias al padrinazgo de siempre, ciertos avivados se instalan en la bien dotada planilla de sueldos de las entidades binacionales para ganar más como supuestos “comisionados” que sus colegas de siempre, aunque hagan o dejen de hacer el mismo trabajo, en violación de la norma constitucional de que “corresponde, básicamente, igual salario por igual trabajo”. Al mismo fraude administrativo se recurrió para que Rocío Kanonnikoff, secretaria de la primera dama

Silvana López Moreira, siga a su servicio como “comisionada” de la EBY, con un sueldo de 27.707.785 guaraníes mensuales, ¡más que un ministro!

Como la Carta Magna es de mayor jerarquía que cualquier tratado o contrato colectivo de trabajo, no cabe invocar estos documentos para justificar, como lo hace Duarte Frutos, unos salarios desmesurados que no condicen, en absoluto, con los vigentes en la administración pública. También en la EBY se ignora el art. 47, que garantiza la “igualdad de acceso a las funciones públicas, sin más requisitos que la idoneidad”. Este requisito se verifica mediante un concurso público de oposición, regulado en la Ley N° 1626/00, que no rige en la entidad binacional. Ninguno de los incorporados por la actual Dirección demostró sus méritos y aptitudes, pues la EBY no cuenta con ningún sistema de selección de personal. Dado que la discrecionalidad es completa, se puede contratar a una artesana que está en un Ministerio para que siga allí con un sueldo más elevado, o nombrar a parientes, amigos o correligionarios que ya no ejercen un cargo electivo, aunque sean unos ineptos de marca mayor. Más aún, aunque sus servicios no sean necesarios, según se desprende de los dichos del propio ex jefe de Estado: “Vamos a evaluar inclusive el personal y si alguien tiene que irse porque no cumple funciones y no tiene competencia, se va a ir y vamos a pagar las indemnizaciones”, un rubro que suele utilizarse para erogaciones millonarias.

Claro que esos pagos no saldrían de los bolsillos del titular de la EBY, en el muy improbable caso de que tuviera que “irse” alguien que él introdujo en la EBY porque le dio la santa gana o porque le fueron “recomendados” . Es de esperar que, al menos, no sea indemnizado el expresidente de la asuncena seccional colorada N° 24, Raúl Sánchez Benegas, quien ingresó hace seis años en la Dirección de Coordinación Social, sin una “tarea específica” que realizar. Como se sabe, en 2019 este personaje tuvo 220 días de reposo médico, pero siguió cobrando 14 millones de guaraníes mensuales, mientras exhibía en las redes sociales sus actividades políticas y recreativas, inclusive fuera del país. Si Duarte Frutos se propone “acabar con la fiesta y el clientelismo grosero”, podría empezar revisando sus propios nombramientos y contrataciones. De lo contrario, se lo tendría por un charlatán de feria, una razón adicional para que no continúe en el cargo.

Por supuesto, también en Itaipú Binacional –otro botín muy tentador para los que mandan– ocurren barbaridades similares, como se desprende de la designación de Antonio Ibáñez, padre del exdiputado José María Ibáñez, destituido en 2005 del cargo de ministro de Agricultura y Ganadería. De hecho, las autoridades paraguayas de las entidades binacionales operan al margen de nuestra legislación, no solo en lo que respecta a los llamados “gastos sociales”, que distribuyen con toda arbitrariedad, como si el dinero público les perteneciera. Solo responden, en todo caso, a las indicaciones del Presidente de la República y a los pedidos de parientes, amigos y correligionarios del poderoso titular de la entidad.

Pisotear allí la Constitución y las leyes se suele justificar con el argumento de la “binacionalidad”. Nos preguntamos si alguna de las numerosas instituciones que deben investigar e impartir justicia le pondrán el “cascabel al gato”, o si seguiremos soportando indefinidamente el asalto legalizado a recursos que legítimamente les corresponden a todos los ciudadanos.