Coordinadora de Abogados pide a la CSJ su fallo a favor de transparencia
La Coordinadora de Abogados del Paraguay (Coapy) solicitará a la Corte Suprema su voto a favor de la aprobación de que las declaraciones juradas de bienes son información pública.
Dicho gremio planteará hoy incorporarse como Amicus Curiae (Amigo del Tribunal) en la acción de inconstitucionalidad que fue promovida por la Contraloría General de la República (CGR) en contra del amparo concedido por un Juzgado y confirmado por un Tribunal de Apelaciones, que obliga a ese organismo a dar a conocer públicamente las declaraciones juradas de funcionarios públicos.
Al respecto, la presidenta de la Coapy, abogada María Esther Roa, indicó que “la intención es dar una opinión fundada con relación al fallo que tiene que salir del pleno de la Corte Suprema de Justicia (...) En este momento el expediente en sí ya está en
autos para resolver, pero continúa con la integración. Estimamos que esta semana podría darse ya la conformación de la Corte”.
Esa acción debe ser estudiada por la plenaria de la Corte, integrada por nueve miembros, pero que debido a las recusaciones se completaría con camaristas.
La Coordinadora pide al pleno que se acepte su incorporación como amicus curiae y que los miembros de la reunión plenaria tengan en cuenta la opinión fundada que ofrecen a favor de fallar para que las declaraciones juradas sean consideradas información pública y de libre acceso a todos los ciudadanos, dijo Esther Roa.
Se trata del primer caso de acceso a la información pública que llega a la máxima instancia judicial desde la vigencia de la Ley N° 5282/14. La citada acción de inconstitucionalidad fue promovida en julio del 2018 por el entonces contralor, Enrique
García, contra las sentencias que aprobaron la divulgación de las declaraciones juradas de bienes de las autoridades de los Poderes del Estado, incluidos los ordenadores de gastos, desde 1998 hasta 2017.
El 8 de mayo de 2018, el juez Rubén Riquelme hizo lugar al amparo promovido por el periodista de ABC Color Juan Carlos Lezcano, quien accionó judicialmente contra la determinación de la Contraloría de negarse a entregar los datos de bienes.
El Tribunal de Apelación, Primera Sala, ratificó el 7 de junio de 2018 la histórica sentencia con los votos de Pedro Mayor Martínez y Gustavo Santander Dans.