Cuevas recurre a la Corte para quedar en libertad
El diputado Miguel Cuevas (ANR, Añetete) presentó una acción de inconstitucionalidad para que la Corte Suprema anule su prisión preventiva, tras ser imputado por supuesto enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y declaración falsa.
Los abogados Guillermo Duarte y Santiago Lovera, en representación del imputado diputado Cuevas, solicitaron a la Corte Suprema de Justicia que se anule la resolución que dispone la prisión dictada el 14 de febrero pasado por el juez penal de Garantías Yoan Paul López.
Así mismo, piden que la resolución del 28 de febrero pasado dictada por el Tribunal de Apelaciones en lo Penal, Cuarta Sala de la Capital, que ratificó la prisión, también sea anulada para que de forma inmediata se le otorgue la libertad al diputado de Paraguarí, preso en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional, mismo lugar donde guarda reclusión Ronaldinho.
“Las resoluciones judiciales atacadas de inconstitucional por esta vía al ordenar la privación de libertad de un miembro del Congreso violentan groseramente la disposición del Art. 191 de la Constitución”, argumentan los abogados de Cuevas en el escrito de la acción de inconstitucionalidad.
Los defensores del diputado oficialista señalan que todos los legisladores tienen tres tipos de inmunidades que son: la de opinión, que es absoluta; la de detención, que es relativa porque establece una única excepción, y la de proceso, que tiene regulado un mecanismo para ser removida. Por estos tres motivos alegan que no se puede ordenar la detención del diputado Miguel Cuevas, quien debe seguir, según sus abogados, libre mientras se tramite el proceso penal en su contra.
También expresan que el juez López “se sustenta sobre razonamientos y argumentaciones desprovistos de toda lógica y juridicidad porque viola textos claros de leyes y de la propia Constitución Nacional; y no tiene otro apoyo que interpretaciones antojadizas y caprichosas que la tornan arbitraria”.
Según la investigación fiscal, los agentes encontraron un monto de G. 1.700 millones en cuanto a la desproporción de ingresos del parlamentario entre 2009 y 2019. Su llamativo crecimiento económico se produjo cuando ingresó a la función pública, dice la imputación.