Estafa a los electores
Los diputados Hugo Ramírez (ANR) y Sebastián Villarejo (PPQ), así como el senador Martín Arévalo (ANR), fueron elegidos en 2018 para sancionar leyes durante cinco años. Antes de llegar tan siquiera a la mitad de sus respectivos mandatos, descubrieron que la función legislativa es de lo más aburrida, o tal vez menos productiva. Resolvieron entonces aspirar a la administrativa que implica dirigir la Intendencia de Asunción –donde hay mucho dinero que manejar, y está la posibilidad del “vuelto”, como dijo alguna vez el exconcejal Yamil Esgaib–, para lo cual ya se han lanzado como candidatos de cara a las elecciones del 29 de
noviembre. Claro que también es presumible que desde un principio los tres exconcejales hayan creído que una banca podría ser un buen trampolín para volver a la Municipalidad de Asunción, pero para ejercer esta vez una función ejecutiva, que sería mucho más excitante que la tediosa labor de aprobar ordenanzas. En otros términos, si ya traicionaron a los electores capitalinos al renunciar al escaño municipal ganado en 2015 para ocupar uno parlamentario, ahora se proponen repetir la historia, pero en sentido inverso.
El menor reproche que se les puede hacer es la inconstancia de su conducta y el mayor, el fraude a los votantes que ella implica. Se supone que quien se postula para un cargo electivo se compromete a representar a la ciudadanía durante todo el periodo legal o constitucional. Ni la Carta Magna ni el Código Electoral impiden que los legisladores se postulen al cargo de intendente, sin necesidad de renunciar a sus bancas, dado que sobre ellos no pesan inhabilidades absolutas ni relativas, quizá porque a los ciudadanos convencionales no se les ocurrió que quien está ejerciendo un cargo electivo nacional podría pretender luego uno de carácter local. Lo que en lenguaje popular se dice: “mboka garrótere”, o cambiar un fusil por un garrote. Pero algún atractivo inconfesable tendrá la apetecida Intendencia capitalina. Además, con la ventaja adicional de que solo tendrían que abandonar su investidura para asumir la Intendencia, de modo que si fueran derrotados en las elecciones internas o en las municipales, seguirían ocupando sus escaños. Con las espaldas tan bien cubiertas, nada tienen que perder.
El art. 187 de la Constitución dice que “los legisladores durarán cinco años en su mandato, a partir del primero de julio, y podrán ser reelectos”, en tanto que el 199 dispone que “solo podrán aceptar cargos de ministro o de diplomático”, previo permiso de la Cámara respectiva, a la cual podrán reincorporarse al concluir esas funciones. El uso del adverbio “solo” sugiere que el espíritu de esta norma es que los parlamentarios se dediquen con exclusividad a la tarea legislativa. Si incluso los excepcionales casos señalados requieren el permiso de los
pares, que bien podría ser denegado, es porque se espera que los congresistas representen al pueblo durante un tiempo determinado. Como se los votó para cumplir con
un mandato, renunciar a él para aspirar a otro muy distinto supone agraviar a la ciudadanía. Si ya resulta cuestionable que quien fue electo como legislador renuncie a su investidura sin ningún motivo o que se convierta de pronto en ministro o embajador, la objeción sube de punto en el caso comentado, aunque el Senado y la Cámara Baja les otorguen un “permiso” no previsto en la Constitución. El antecedente de que a Arnaldo Samaniego se le concedió en 2010 para aspirar a la Intendencia capitalina no puede ser invocado en favor de estos legisladores que han llegado a la conclusión de que resulta mucho más interesante administrar que legislar, aunque más no sea a nivel municipal.
Es pertinente recordar lo que al respecto sostuvo en aquel entonces el senador Miguel Carrizosa (PPQ): “Es inconstitucional. Solo se puede pedir permiso para ser diplomático o ministro, y estirando el chicle hemos dado permiso en caso de enfermedad grave...”. Por cierto, el “chicle” se ha estirado hoy hasta el punto de que al diputado Ulises Quintana (ANR) se le permitió estar recluido en un penal militar. Se ignora si los legisladores Ramírez, Villarejo y Arévalo pedirán “permiso”, un trámite que podrían ahorrarse desde el punto de vista formal. En verdad, lo mejor sería que lo solicitaran y que sus respectivas Cámaras se nieguen a darles el gusto, respondiendo a lo que implícitamente quiere la Constitución, es decir, que los parlamentarios cumplan con su mandato de cinco años. Como ya se dijo, no terminaron antes el que recibieron como ediles, al igual que la mitad de sus colegas de entonces que en 2017 también buscaron un escaño parlamentario. No lo consiguieron, pero siguen en la Junta Municipal, porque tenían la retaguardia a salvo. Como el art. 235 de la Constitución inhabilita a los intendentes para ser candidatos a Presidente de la República, ya no sería de temer que uno de estos veleidosos renuncie al cargo al que hoy aspira para lanzarse a la conquista del Palacio de López.
Más allá de las cuestiones jurídicas, lo que aquí conviene subrayar es la manifiesta inmoralidad que encierra el hecho referido. Claro que los legisladores también correrán con ventaja, primero frente a sus competidores en los comicios internos y luego, eventualmente, en los municipales: gozarán de fueros, tendrán “asesores” a su servicio y hasta podrían disponer de vehículos oficiales, aparte de presentar diversos proyectos de ley para las graderías. Los ciudadanos y las ciudadanas que no hace mucho dieron su voto al trío mencionado deberían estar arrepentidos por haber sido estafados claramente, y tener en cuenta esa triste experiencia en los próximos comicios.