Marito y Bacigalupo no le piden al Estado apretarse el cinto

Dado que nuestro país no se librará del fuerte impacto que la pandemia del coronavirus está teniendo en la economía mundial, es razonable que el Poder Ejecutivo esté preparando una serie de medidas presupuestarias, tributarias y financieras de emergencia que, en opinión del empresariado, ya deberían tener sanción legislativa la próxima semana. La premura respondería al hecho de que, por de pronto, las “drásticas” restricciones dispuestas el 10 de marzo por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) ya están afectando al sector terciario,

según una encuesta de la Comisión Nacional de Comercio y Servicios del Paraguay. En efecto, el 40% de 270 empresas habría registrado una merma del 70% en sus ventas, lo que les indujo a despedir empleados, temporal o definitivamente. Más aún, tal como están las cosas, el 58% de las consultadas se vería forzado a reducir su plantilla en un futuro cercano.

En este alarmante contexto, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, instó a los empleadores a “aguantar lo que se pueda”, en tanto que la ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Carla Bacigalupo, les pidió una “consideración especial” hacia los trabajadores que lleguen tarde o tengan síntomas de enfermedades respiratorias, al tiempo de poner en claro que “el trabajo continúa en los sectores público y privado”.

Es llamativo que, mientras instaba a las empresas privadas a apretarse el cinto, el jefe de Estado no haya creído necesario que el Estado se esfuerce por “aguantar” para no prescindir tan siquiera de una parte de los planilleros enchufados en el Presupuesto, muchos de los cuales ni siquiera concurren a sus lugares de “trabajo”. Es que estos vividores tienen estabilidad asegurada ya desde el segundo año –y no desde los diez, como en el sector privado–, cualquiera sea la gravedad de la situación económica reinante. Mientras los contribuyentes podrían tener dificultades para pagar sus impuestos cuando la coyuntura es muy mala, si el fisco no recauda lo bastante para alimentar bien a los zánganos, siempre habrá la posibilidad de emitir bonos soberanos. O sea que no tienen por qué preocuparse, pues ese generoso empleador que es el Estado nunca los dejará en la calle y les seguirá abonando no solo sus salarios, sino también las ayudas alimentarias o vacacionales y las “gratificaciones” por su “presentismo” o buen desempeño, entre otras abusivas retribuciones adicionales.

Los funcionarios de las empresas estatales monopólicas seguirán recogiendo los frutos de los dadivosos contratos colectivos suscritos por sus jefes, siempre generosos con el dinero de los usuarios y de los contribuyentes: los de la ANDE seguirán pagando solo la mitad de la energía que consumen, sin que ni el coronavirus ni el desempleo les quiten el sueño. Desde luego, tampoco los felizmente instalados en las entidades binacionales tienen motivos para inquietarse. La crisis sanitaria podrá provocar una económica, pero los cargos públicos son inmunes a tan deplorable contingencia. La desocupación es una experiencia ajena a los funcionarios, aún para aquellos que no hacen absolutamente nada en las oficinas donde están asignados. En otras palabras, el desempleo disfrazado no se observa solo entre los vendedores ambulantes, con la diferencia de que estos tienen que preocuparse de su sustento.

Otra discrepancia importante entre los sectores público y privado es que en este último se trabaja en verdad, en tanto que en el otro no hace falta ser laborioso: muchas veces basta con firmar las planillas de entrada y de salida .La aclaración antes citada de la ministra Bacigalupo peca de ridícula, pues, por regla general, lo que hacen nuestros “servidores públicos” es servirse del público. Ellos están muy bien representados en el Congreso, a diferencia de los contribuyentes, para quienes ahora se anuncia la ampliación de 30 a 90 días del certificado de cumplimiento tributario, el financiamiento sin intereses para el pago de impuestos agropecuarios, la postergación del pago del impuesto a la renta empresarial y la reducción al 5% del IVA sobre los bienes de necesidad sanitaria. Se trata de medidas extraordinarias de carácter temporal, pero una vez que pase la tormenta, se volverá a lo de siempre, es decir, a recaudar en la economía formal para engordar a la clientela política empotrada en la administración pública.

En vista de que los peces gordos de la economía informal, como los grandes evasores y contrabandistas, seguirán eludiendo al fisco, con la complicidad de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), no habrá dinero suficiente para responder a la doble crisis sanitaria y económica. Por tanto, se proyecta una ley de contingencia financiera para obtener créditos de organismos multilaterales por un valor total de 1.500 millones de dólares, lo que conllevará un nuevo aumento de la deuda pública. Aunque no se cuestiona su necesidad, vale la pena señalar que ella no hubiera surgido si la corrupción y el derroche no fueran la constante en la gestión gubernativa de los últimos años. Que se hubiera podido evitar recurrir a este costoso expediente se desprende también de que el Poder Ejecutivo pretenda ahora reforzar el Presupuesto del MSPBS con 300.000 millones de guaraníes, mediante la reasignación del 50% de los pagos previstos en 2020 para horas extraordinarias de “trabajo”, consultorías y viáticos; es decir, para la corrupción y el clientelismo.

La suma robada o despilfarrada en la última década, solo en tales conceptos, es sideral. O sea que la pandemia ha evidenciado, por si hacía falta, una pésima administración estatal, cuyos principales beneficiarios son la clientela y los patrones instalados en los poderes políticos, dividiendo a nuestro país en ciudadanos de primera y segunda clases.

Ahora que esta ignominia quedó tan clara en estas trágicas circunstancias, los ciudadanos y las ciudadanas deben reclamar públicamente, de manera firme y perseverante, que nuestros legisladores y políticos dejen de considerar a la República como su vaca lechera.